Por: Nicolás Antiporovich

Periodista especializado en criptomonedas

El gobierno del economista liberal libertario, Javier Milei, ha presentado al Congreso el proyecto de ley “Bases y puntos de partido para la libertad de los argentinos”.

Entre otras muchas cosas, dentro de ese paquete de medidas propone un régimen de “blanqueo” de activos no declarados, en el que se destaca la inclusión de criptomonedas y activos digitales.

Según este proyecto de ley, se abriría la puerta a la regularización de monedas digitales ganadas o compradas en el exterior, o que estén en custodia de servicios extranjeros, como exchanges o wallets.

La normativa contempla que los activos regularizados, incluyendo criptomonedas, puedan ser utilizados libremente dentro del territorio argentino para cualquier tipo de transacción o adquisición de bienes. Es decir, un individuo que posea bitcoins no declarados podría, bajo esta nueva ley, regularizar su situación y utilizar esos activos en el mercado argentino.

Además, el proyecto de Milei establece una base imponible para calcular el 'Impuesto Especial de Regularización', que será en dólares estadounidenses.

En este contexto, la ONG Bitcoin Argentina plantea una sugerencia aún más innovadora: que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reciba bitcoin en lugar de dólares en su esquema de blanqueo.

Según Ricardo Mihura, presidente de la ONG, permitir que el BCRA reciba bitcoins mejoraría significativamente sus reservas. Este movimiento no solo simboliza un abrazo a la innovación tecnológica, sino que también representa una oportunidad única para el financiamiento fiscal del país. Si bien la volatilidad del bitcoin puede ser una preocupación, mantener estos activos en cartera podría fortalecer aún más la posición de reservas del BCRA.

La propuesta también contempla la posibilidad de que el BCRA utilice estos bitcoins como colateral para obtener divisas a bajo costo en momentos de necesidad de liquidez. Esto abre un abanico de posibilidades financieras, aprovechando las tasas favorables que ofrecen los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) para préstamos colateralizados en bitcoin.

Aclara Mihura: “Se trata de una alternativa que sólo debería admitirse para el blanqueo de bitcoin, no de cualquier criptoactivo, debido a que su volumen, liquidez y seguridad y descentralización del protocolo son cualitativamente superiores respecto de todos los demás”.

Más allá de las ventajas financieras y económicas, la sugerencia de la ONG Bitcoin Argentina también busca corregir lo que consideran asimetrías en el proyecto de ley. Por ejemplo, señalan la incongruencia de utilizar el “valor de adquisición” como base imponible para los criptoactivos, en lugar del valor de mercado en la fecha de regularización.

Sobre esto, se señala en el comunicado de la ONG: “Los criptoactivos podrían reducir su precio en gran medida desde su adquisición, por lo que declarar un valor mayor que el de mercado como base imponible significa cargarlos con un mayor impuesto efectivo, lo cual resulta arbitrario y, en definitiva, genera un fuerte desincentivo”.

En este mar de cambios y propuestas, Rodolfo Andragnes, cofundador de la ONG, entiende que la comunidad bitcoiner puede tener reservas sobre ceder el acceso a sus activos. Sin embargo, subraya que, al ser una opción libre, cada individuo podrá evaluar los costos y riesgos involucrados.

En conclusión, la iniciativa de la ONG Bitcoin Argentina busca ofrecer una perspectiva fresca y moderna sobre cómo los gobiernos y las instituciones financieras pueden interactuar con el mundo de las criptomonedas. Ya hay gobiernos —El Salvador, por ejemplo— que atesoran bitcoin como reserva en sus arcas estatales. De sumarse Argentina a una iniciativa semejante, podría estar dando un paso hacia la vanguardia de la innovación financiera global.

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