A través del decreto de necesidad y urgencia 188/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones relativas a la implementación del Código Procesal Penal Federal, aprobado en el año 2014 por medio de la ley 27.063.

Según expresa la norma, resulta impostergable la plena operatividad del nuevo ordenamiento procesal para contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves -como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros- y de tutelar a las víctimas del delito.

Es por ello que se pone en cabeza del Ministerio de Justicia las competencias y funciones de implementación del “Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)”. Para ello deberá elaborar el cronograma de implementación progresiva de dicho ordenamiento en los Distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal.

Fundamentos

En los fundamentos del DNU 188/2024, se menciona la necesidad de definiciones respecto del cronograma de implementación del nuevo sistema procesal, a fin de evitar que se prolongue la coexistencia de dos sistemas procesales disímiles en el orden federal y en el nacional.

Según se refiere, la duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

Además, la superposición del “Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)” con el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) ocasiona problemas operativos que afectan el desarrollo de las investigaciones y genera complicaciones en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal, que entiende de los recursos aplicando dos códigos diferentes.

Por otra parte, impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal, pues la inaplicabilidad del “Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)” en casi la totalidad del territorio nacional dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito, y frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal.

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal fue creada en el ámbito del Congreso Nacional con el fin de evaluar y proponer los proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del Código Procesal Penal Federal, y elaborar el cronograma de implementación progresiva de dicho ordenamiento, previa consulta con el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En cumplimiento de tal función, la Comisión dictó las resoluciones 1/2019, 2/2019, 1/2020 y 1/2021, por medio de las cuales se dispuso la entrada en vigencia del “Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)” en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Además, se estableció la entrada en vigencia de algunos artículos del “Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)” en el resto de las jurisdicciones del país.

Con la modificación dispuesta en el día de hoy, las funciones oportunamente asignadas a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal quedan circunscriptas a velar por la armonía y unificación de las propuestas de modificaciones a la legislación relacionada a la reforma procesal penal federal, tal como lo establece el artículo 7 de la ley 27.063.

Fundamentos

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal

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