Un fallo del Juzgado de Familia n° 7 del departamento judicial de La Plata avaló la supresión del apellido paterno solicitado por una joven, ya que se comprobó que su progenitor “nunca se preocupó por ella ni la acompañó a lo largo de su vida”.

El 23 de octubre de 2019, compareció D. U. B. mayor de edad, para peticionar la supresión del apellido paterno en los términos del art. 69, 70 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Fundó su petición en que su padre el Sr. U. nunca se comportó como tal, sino que, por el contrario, fue una persona distante con ella, nunca la trató con cariño, nunca se preocupó por su bienestar. Manifestó que fue su madre quien la crió, educó y quien estuvo a su lado todos estos años y agregó que creció con una mamá maravillosa que se dedicó a acompañarla en todo.

Agregó que hace varios años que decidió que quería suprimir el apellido de su padre, y fue su madre quien le aconsejó esperar a que llegara a la mayoría de edad, pensando que con el tiempo podría cambiar de idea, lo que nunca sucedió.

Karina A. Bigliardi, titular del Juzgado de Familia n. 7 del departamento judicial de La Plata, explicó que “el nombre es el medio de identificación de las personas en la sociedad. Está compuesto por el prenombre o nombre de pila y por el apellido”.

“El primero es la forma de designación de un individuo y se adquiere por su inscripción en el Registro de las Personas; el segundo es una designación común a todas las personas pertenecientes a una familia”, agregó en el expediente “U. B. D. s/ U. S. D. s/ cambio de nombre”.

Y señaló que el nombre “tiene una sólida protección constitucional, ya que se encuentra consagrado en el artículo 18 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece de manera explícita el derecho de la persona física a tener un nombre, sosteniendo: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos”.

En la misma línea, mencionó que la Convención sobre los Derechos de niños tanto en el art. 7, como en el 8, garantizan el derecho de la niña y del niño al nombre, lo mismo que el art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, remarcó que el Código Civil y Comercial en el artículo 62 expresa que las personas humanas tienen el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde.

“El apellido de las personas implica pertenencia a un determinado grupo familiar, también implica identificación, aunque si bien existen otras formas más eficaces, permite la individualización de la persona en espacios laborales o escolares. El sistema que impone nuestro ordenamiento actual es que el apellido es consecuencia del emplazamiento filial que establece la norma, es decir, que la hija o el hijo recibirá el o los apellidos de sus progenitores”, explicó la jueza.

“En este sentido el artículo 64 del Código Civil y Comercial dispone que la hija o hijo extramatrimonial llevará el primer apellido de sus progenitores. Ellos se concretan al momento de la inscripción en el Registro de las Personas, adquiriendo así publicidad hacia terceros”, remarcó.

En cuando al caso concreto, señaló que “de la partida de nacimiento acompañada surge que la señora D. tiene doble emplazamiento filial y que el señor U. se constituye con padre de D. al momento de su inscripción y por tanto ella recibe el apellido de “U. B.”.

La magistrada señaló que el artículo 69 del Código Civil y Comercial requiere para el cambio del apellido que existan justos motivos.

“A los fines de formar mi criterio, sostuve una conversación por video llamada con la señora D., donde a través de sus expresiones y su sentir me llevaron a la convicción de que en el presente caso existen los justos motivos para hacer lugar a la acción”, indicó la jueza.

Y remarcó que “en la mencionada conversación la señora D. me expresó su deseo de ser médica y con ello ser el orgullo de su madre y abuelos maternos, me aclaró que si lo lograba era solo gracias a ellos, a su apoyo permanente, por eso quiere ser la Dra. B. y no la Dra. U. B.. Agregó que el apellido de su padre no identifica su pertenencia familiar, ni las personas que la acompañaron en su desarrollo tanto afectiva, como económicamente”.

Además, de acuerdo a las pericias realizadas, los peritos concluyeron que “es importante resaltar que el hecho de suprimir el apellido paterno tendría un efecto favorable para la subjetividad de D.”.

De esta manera, consideró que se encontraba “suficientemente acreditado el justo motivo previsto por el art. 69 del Código Civil y Comercial, siendo B. el apellido materno con el cual se siente identificada y no U.”.

Cuándo procede

La ley proporciona un criterio flexible que permite al juez ponderar el supuesto mediante cánones de razonabilidad, sin desvirtuar el espíritu de la máxima.

Solo permite cambiarlo si existen “justos motivos” que hacen ceder excepcionalmente el rigor de la inmutabilidad; no tiene una enumeración específica sino que esa tarea dependerá del análisis de cada caso que lleven adelante los jueces.

Cuando la ley se refiere los justos motivos, lo hace bajo un concepto dinámico, ya que aquellas causales que eran admitidas con la sanción de la norma pueden no ser las mismas que las receptadas en el futuro.

'Los justos motivos son una pauta para la toma de decisiones, que el legislador optó por dejarlo al arbitrio judicial. Sin perjuicio de ello, será conveniente descubrir formas que permitan objetivar el supuesto jurídico que se esconde en la norma, con el objeto de corregir eventuales arbitrariedades, disminuir el estado de incertidumbre, reducir el margen de discrecionalidad y llevar tranquilidad de conciencia a los jueces que deben resolver, sobre el cambio de apellido de los peticionantes', señaló Fernando Millán.

El nombre (o apellido) es un instituto que interesa al orden público no solamente por las relaciones del sujeto con el Estado, sino como medio de seguridad y garantía de las relaciones intersubjetivas en el complejo medio social en que se vive.

“La estabilidad que se predica con la palabra inmutabilidad hace que el nombre cumpla correctamente sus fines de individualización e identificación de las personas a través del tiempo y del espacio. Su alteración arbitraria acarrearía el desorden, la inseguridad de los derechos, la irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, lo que significaría nada menos que desembocar en el caos social', destacó el especialista.

“El juez debe juzgar los móviles en cada caso y ponderar la seriedad y legitimidad de los hechos invocados y, muchas veces, tratar de percibir las causas reales que se ocultan bajo los pretextos que se exhiben”, concluye el experto.

Avalan un pedido de supresión de apellido paterno porque se acreditaron los “justos motivos”