La Unidad Procesal N° 10 de San Carlos de Bariloche autorizó un trasplante de riñón entre dos personas unidas por un vínculo de amistad, pese a que la donante no se encontraba comprendida dentro del círculo de parentesco previsto por la Ley 27.447.

El caso “A.L.A. s/ Medida Autosatisfactiva”, el actor explicó que padece insuficiencia renal terminal y que se encuentra sometido a tratamientos de diálisis desde hace doce años. Señaló que el objeto de la presentación era obtener autorización judicial para concretar una ablación y trasplante renal con donante vivo.

La potencial donante era una amiga suya, la que manifestó su voluntad de donar uno de sus riñones de manera voluntaria, altruista y sin contraprestación económica.

El hombre acreditó hallarse inscripto en lista de espera para trasplante renal desde el 18 de enero de 2016, conforme la constancia emitida por el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA).

Explicó también que con su amiga iniciaron en diciembre de 2025 los estudios de histocompatibilidad en el centro PRICAI, cuyos resultados fueron compatibles y habilitaron la posibilidad concreta de realizar el trasplante.

La intervención del INCUCAI y del CUCAI Río Negro

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) informó que la Ley 27.447 limita la donación de órganos entre vivos a determinados grados de parentesco, aunque aclaró que, de manera excepcional y con autorización judicial, la práctica podía realizarse.

El organismo sostuvo que debían verificarse todos los recaudos previstos por la legislación vigente para garantizar la voluntariedad, gratuidad y altruismo del acto. También indicó que resultaban aplicables las disposiciones vinculadas con la obligación de brindar información médica adecuada tanto al donante como al receptor, además de la exigencia de que el procedimiento fuese llevado adelante por un establecimiento habilitado y por profesionales autorizados.

En paralelo, el CUCAI Río Negro compartió el criterio expuesto por el instituto y confirmó que el actor cumplía con la exigencia reglamentaria de inscripción previa en lista de espera renal.

Las pruebas

Durante el trámite judicial se produjo prueba testimonial, médica, psicológica y social destinada a determinar la existencia de un vínculo genuino entre las partes y descartar cualquier situación de presión, coerción o interés económico detrás de la donación.

Los testigos, además, describieron la relación de amistad sostenida en el tiempo entre el actor y la donante. También señalaron que la decisión de donar el órgano fue comunicada desde un lugar de solidaridad y afecto.

La causa incluyó además una extensa evaluación médica forense. El informe producido por el Cuerpo de Investigación Forense concluyó que el trasplante renal constituía el mejor tratamiento sustitutivo para enfermedades renales crónicas avanzadas y que el paciente no presentaba contraindicaciones médico-legales para atravesar la intervención quirúrgica.

También se realizaron pericias psicológicas sobre ambas partes. Respecto del receptor, el informe destacó que comprendía de manera clara y detallada el proceso de trasplante y sus implicancias. En cuanto a la donante, los profesionales concluyeron que poseía plena capacidad de comprensión y discernimiento para otorgar un consentimiento válido e informado.

Según los distintos informes, la decisión de donar surgía de una motivación altruista y había sido adoptada de manera reflexiva y autónoma. Los profesionales también resaltaron que no existían indicadores de coerción y que el proceso había sido transitado de manera progresiva e informada.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el expediente y prestó conformidad con el planteo.

El análisis judicial de la Ley 27.447

La jueza Laura M. Clobaz analizó el alcance del artículo 22 de la Ley 27.447, conocida como 'Ley Justina', que permite la donación de órganos entre vivos únicamente cuando el receptor sea pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuge o conviviente.

Sostuvo que esa limitación legal persigue la finalidad de evitar el tráfico y comercialización de órganos, resguardando al mismo tiempo la gratuidad y el carácter altruista de la donación.

No obstante, afirmó que cuando el donante vivo no se encuentra dentro de los vínculos familiares previstos por la norma, corresponde la intervención judicial para verificar de manera estricta la inexistencia de intereses espurios y la plena libertad de decisión de las partes.
La magistrada también abordó la procedencia de la medida autosatisfactiva como vía procesal. En ese sentido, entendió que el caso presentaba una situación urgente e impostergable, considerando el delicado estado de salud del actor y la necesidad de una respuesta rápida y eficaz.

Los antecedentes y fundamentos del fallo

Al fundamentar la excepción al artículo 22 de la Ley 27.447, recordó antecedentes jurisprudenciales nacionales y locales donde se admitieron trasplantes entre personas sin vínculo familiar directo, incluidos casos entre amigos y ex cuñados.

En ese marco, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con el derecho a la vida y la preservación de la salud, considerados derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.

La jueza concluyó que la intención del legislador no había sido prohibir absolutamente los trasplantes entre personas sin parentesco, sino impedir cualquier forma de comercio de órganos.

También destacó que el Código Civil y Comercial establece que las partes del cuerpo humano carecen de valor comercial y sólo pueden disponerse con fines terapéuticos, científicos, humanitarios o sociales.

La decisión de la magistrada

Sobre la base de toda la prueba reunida, la Jueza tuvo por acreditada la existencia de una relación de amistad profunda, la ausencia de contraprestación económica y el carácter plenamente voluntario de la decisión adoptada por la donante.

Por ello, hizo lugar a la medida autosatisfactiva y autorizó la ablación de un riñón de la donante para su implante en el actor, pero aclaró que la autorización sólo tenía por objeto remover la restricción legal prevista en el artículo 22 de la Ley 27.447.

Además, dejó constancia de que la donante conserva el derecho a retractarse y revocar su consentimiento en cualquier momento, conforme lo previsto por el artículo 27 de la ley de trasplantes.

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