A partir de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación, favorables a la validez de las resoluciones (SIyC) 267/2024 y (ENRE) 708/2024, este artículo examina la ruptura del mecanismo de percepción de la tasa de alumbrado público a través de la factura eléctrica que numerosos municipios sostenían desde hacía casi tres décadas. Se sostiene que esa solución es objetable por el alcance subjetivo acotado de la norma del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que no alcanza a los prestadores bajo jurisdicción provincial o municipal, por la violación de la doctrina de la lealtad federal que la propia Corte Suprema desarrolló en materia de coparticipación, y por la confusión entre contribuyente y consumidor que subyace a todo el conflicto. Se concluye que se trata, en el fondo, de una disputa de federalismo fiscal disfrazada de defensa del consumidor.

I - Introducción

A lo largo de 2024 y 2025, dos organismos nacionales -la Secretaría de Industria y Comercio (SIyC) y el ENRE- dictaron sendas resoluciones que, invocando la defensa de los derechos del consumidor, buscaron alterar un mecanismo de recaudación de tasas municipales que numerosos municipios argentinos venían empleando desde hacía casi 30 años: la percepción de la tasa de alumbrado público a través de la factura del servicio eléctrico. La resolución (SIyC) 267/2024 prohibió incluir en cualquier comprobante de una relación de consumo sumas o conceptos ajenos al bien o servicio contratado. La resolución (ENRE) 708/2024, invocando expresamente los considerandos de la anterior, dejó sin efecto las autorizaciones que ese organismo había otorgado a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (Edenor SA) y a la Empresa Distribuidora de Energía Sur SA (Edesur SA) para incluir la tasa de alumbrado público en la factura eléctrica.

Dos casos judiciales expusieron la tensión que dichas resoluciones generan entre la defensa del consumidor y la autonomía tributaria municipal: 'Incidente N° 3 - Municipalidad de Río Grande c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Comercio s/inc. apelación' y 'Municipalidad de José C. Paz c/Estado Nacional (Ministerio de Economía - SIyC) y otros s/amparo ley 16986', ambos con dictamen de la Procuración General de la Nación del mismo día de julio de 2026, favorables en los dos casos a la validez de las resoluciones nacionales.

Este artículo sostiene que esa solución, favorable en ambos casos a la Nación, es jurídicamente objetable por 4 razones:

1) El conflicto normativo entre la resolución (SIyC) 267/2024 y el propio artículo 25 de la ley 24240, que ordena una integración normativa -no una subordinación- entre la ley de defensa del consumidor y los marcos regulatorios sectoriales específicos, entre ellos el que rige en la Provincia de Buenos Aires a través del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA);
2) El alcance subjetivo estrictamente limitado de la resolución (ENRE) 708/2024, que solo puede alcanzar a Edenor y a Edesur, y en ningún caso a los prestadores bajo jurisdicción provincial o a las cooperativas de gestión local;
3) La ilegitimidad de la ruptura unilateral de un régimen de casi 30 años, a la luz de la doctrina de la lealtad federal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desarrollado en materia de relaciones fiscales interjurisdiccionales, con especial atención a su incidencia presupuestaria concreta sobre los municipios,
4) La confusión conceptual entre la posición del contribuyente y la del consumidor que subyace a todo el conflicto y que, de no despejarse, permite que la competencia nacional en materia de defensa del consumidor se proyecte sobre una materia -la potestad tributaria local- que la Constitución reserva a las provincias y a los municipios.

Este artículo forma parte de la publicación “Doctrina Penal Tributaria y Económica”, exclusivo para suscriptores de Errepar.

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Autonomía tributaria municipal y lealtad federal: los límites de las resoluciones (SIyC) 267/2024 y (ENRE) 708/2024