El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora, a cargo interinamente de Ernesto Kreplak, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la audiencia pública convocada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación para tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.

Qué establecía la resolución

Hay que recordar que la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el pasado viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo. En rigor, los usuarios debían completar un formulario y dar su opinión con un máximo de 5.000 caracteres y adjuntos hasta 20 Megabytes.

Se buscaba aumentar las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por reducciones de subsidios y se proponía un incremento para llevar a $270 el boleto mínimo de colectivo y a $130 en el caso del tren, a partir del 1 de febrero próximo.

Así, el nuevo cuadro tarifario implicaba aumentos de 251% y 169% para el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de tren, respectivamente.

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Los cuestionamientos de la parte actora

En el caso “Gray, Fernando Javier c/ Poder Ejecutivo Nacional s/amparo ley 16.986”, el actor se presentó “en su carácter de ciudadano -por derecho propio- y como intendente de la Municipalidad de Esteban Echeverría” e interpuso una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Infraestructura - Secretaria de Transporte, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución nro. 616/18 del Ministerio de Transporte, de fecha 13/07/2018 ‘Reglamento General de la Instancia de Participación Ciudadana para el Ministerio de Transporte” y la nulidad absoluta de la Resolución 1/2024 de la actual Secretaría de Transporte, que da inicio al proceso de modificación de tarifas de transporte, por entender que se violan las garantías constitucionales”.

Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar para que se suspenda la convocatoria a la audiencia pública.

'Es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizás un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación. De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía', expresó Gray.

El actor también enfatizó sobre la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afectaba el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.

Así, concluía que las disposiciones del Gobierno de Javier Milei en materia de Transporte para avanzar con los aumentos “presentan ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”.

La resolución

El juez Kreplak sostuvo que “las audiencias públicas son un medio que tenemos los ciudadanos para participar en las decisiones. Que el Decreto 1172/2003 aprobó el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas, el cual tiene como objeto la regulación del mecanismo de participación ciudadana en Audiencias Públicas, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento”.

“Uno de los pasos que debe cumplir el Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, es convocar a la participación ciudadana”, indicó el magistrado y remarcó que “lo que hizo la administración nacional fue “invitar a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas con relación al proyecto” de modificación tarifaria y se establece que podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada en un el plazo límite de tres días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente a la publicación (es decir desde el lunes 22)”.

En ese aspecto, destacó que “el procedimiento digital de participación que lleva a cabo la Resolución 1/24 no permitiría a los usuarios que puedan dejar sus comentarios plasmados en la web de la Secretaría de Transporte”.
“En efecto, conforme la prueba aludida, al ingresar a la página web, el sistema dirige a una página de consulta pública que indica que el participante debe registrarse para dejar su opinión, y luego al intentar registrarse, el sistema emite una pantalla que contiene la leyenda ‘error’, lo que impide se cumpla con la finalidad deseada”, sostuvo.

Sobre la Audiencia Pública, explicó que “constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión”, dijo el fallo. “Su finalidad es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta. El procedimiento de Audiencia Pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad”.

El juez afirmó que “existe una vulneración de derechos, por cuanto el mecanismo extraordinario cuya suspensión se pide, no respetaría prima facie el derecho a la protección de los intereses económicos de los usuarios, ya que el mismo se realiza incumpliendo la normativa constitucional que da lugar a la participación ciudadana a través de la realización de audiencias públicas, impidiendo la intervención de todos aquellos que no cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias, por lo que se restringe de manera indirecta el acceso a toda la ciudadanía”.

Así, el juez ordenó hacer lugar a la medida cautelar y suspendió los efectos del proceso de consulta pública por cinco días, dentro de cuyo plazo la Secretaría de Transporte deberá adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana en miras a la modificación del cuadro tarifario.

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