La sala A del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de La Pampa confirmó un fallo en el que se obligó a una compañía de seguros a afrontar sus responsabilidades contractuales, a pesar de que el cliente no había pagado las dos últimas cuotas del seguro de su vehículo.

En el caso “A., A. G. c/ G., V. O. y Otro s/ Ordinario”, el máximo tribunal provincial entendió que la empresa incumplió con el deber de informarle la suspensión de la cobertura asegurativa y que el artículo 31 de la Ley de Seguros “no se ajusta a los principios de protección del consumidor”.

En primera instancia la jueza de grado había hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Caja de Seguros SA contra su asegurado por la falta de pago de dos cuotas.

La decisión fue cuestionada por el asegurado y la Cámara de Apelaciones le dio la razón.

Contra dicha decisión la aseguradora interpuso recurso extraordinario, argumentando que la resolución “viola de manera directa la Ley Nacional de Seguros 17.418 como así también la Ley 20.091” y volvió a rechazar la cobertura del siniestro por falta de pago de dos primas de manera consecutiva.

Sostuvo, entre otras cuestiones, que la falta de pago 'repercute directamente en el fondo de primas que forman las aseguradoras para hacer frente a los siniestros de sus asegurados y más pronto que tarde podrán encontrarse con aseguradoras imposibilitadas de hacer frente a los siniestros'.

La Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, integrado por Elena V. Fresco y José Roberto Sappa, señaló que “el contrato de seguro constituye un contrato de consumo”, y en ese contexto, “deben privilegiarse las disposiciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la propia Ley de Defensa del Consumidor”.

En tal sentido, subrayó que “el deber de información se erige como uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho de consumo”, a tal punto que tiene rango constitucional específico (artículo 42 de la Constitución Nacional) y además se refleja en el artículo 4° de la LDC, al imponerle al proveedor «la obligación de suministrar al consumidor, en forma detallada, las características esenciales de los bienes y servicios de su comercialización». Lo mismo indica, con mayor precisión, el artículo 1100 del CCC.

Luego indicó que “el deber general de información hace a la transparencia informativa del contrato de consumo” y que “en materia de derecho de seguros se refuerza esa obligación en cabeza del asegurador”.

“Sucede que el contrato de seguro es un instrumento que exhibe inocultablemente la desigualdad formal que ostentan las partes al existir una asimetría técnica, económica y jurídica que redunda en el poder de negociación que concentra el asegurador”, señaló.

El tribunal recordó, asimismo, que la suspensión de cobertura por falta de pago del premio exigible viene consagrada en el artículo 31 inciso 1 de la Ley 17.418, que dispone que “si el pago de la primera prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago”.

“Es decir, la suspensión de la cobertura constituye el efecto específico que acarrea la mora del asegurado en el pago de la prima y surte efecto ante el mero vencimiento del término sin que se cumpla la obligación principal del asegurado”.

No obstante, el Tribunal consideró que el artículo 31 de la Ley de Seguros “no se ajusta a los principios de protección del consumidor” y por ello “merece una relectura acorde con los principios estructurales básicos del derecho de consumo en general y el deber de información en particular”.

Para los vocales, “no implica desnaturalizar las características propias del contrato de seguro sino simplemente integrarlo con los principios tutelares que inspiran la relación de consumo por cuanto el respeto por la aplicación de la normativa técnica propia del contrato de seguro no podría violentar los derechos garantidos por la Constitución Nacional”.

“La lectura detenida del desarrollo argumental nos lleva a coincidir con el análisis efectuado por la Cámara de Apelaciones de que un mínimo requisito de buena fe imponía, a la compañía, el deber de informar que había decidido suspender la obligación esencial del contrato de seguros ante la falta de pago”, agregaron.

Modalidad de pago por débito automático

En estos casos, donde el asegurado adopta para el pago la modalidad de débito automático en cuenta bancaria, explicaron que “existe un deber de información acentuado en cabeza del asegurador ya que el pago se efectúa a través de intermediarios (el banco) y, si el débito no puede ser detraído, difícilmente llegue a conocimiento del deudor ya que ni el banco ni la compañía de seguros proceden a informar dicha circunstancia, con los efectos negativos que esa conducta genera en la relación contractual”.

En ese sentido, los jueces indicaron que “La Caja de Seguros SA, en tanto organización profesional, se encontraba dotada de todos los elementos técnicos y administrativos como para anoticiar” al consumidor “su incumplimiento obligacional y, así evitar conductas perjudiciales que impliquen un obrar incompatible con la confianza depositada en su aseguradora”.

La sentencia también advirtió que la “suspensión de la cobertura es quizás una de las más trascendentes circunstancias respecto de las cuales el asegurado debe ser informado y por ello se exige acentuar el deber de información diligente impuesto en cabeza del asegurador pues ello hace al leal y cabal conocimiento que el asegurado debe tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de predisponer los términos contractuales”.

“Entonces, bajo esta mirada es posible afirmar que la suspensión de cobertura no puede ser un efecto directo y automático de la mora del asegurado. Al contrario, ante la falta de pago de la prima el asegurador debe informar al asegurado el incumplimiento de su obligación a fin de dar posibilidad de sanear dicha circunstancia para que luego, ante la reticencia del asegurado, pueda configurarse la suspensión de la cobertura”.

Y concluyó: “La interpretación que se propone importa descartar la aplicación automática de la suspensión de cobertura ante la falta de pago de la prima de seguro. Así, cuando se decide la suspensión de cobertura del seguro existen circunstancias relevantes (…) que ameritan la necesidad de informar al asegurado”.

La aseguradora debe notificar al cliente antes de suspender la cobertura por falta de pago