En un esfuerzo por combatirel lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación dearmas de destrucción masiva, el Gobierno argentino ha actualizado su marconormativo para alinearlo con los estándares internacionales establecidos por elGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financierade Latinoamérica (GAFILAT).

En este sentido, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del decreto 278/2024, actualiza el decreto 918/2012, que reglamenta la Ley N° 26.734 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que establece el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer el marco normativo e institucional en la materia.

Entre las principales modificaciones, se destacan:

La actualización de las definiciones de congelamiento administrativo para incluirla posibilidad de afectar no solo bienes y dinero, sino también otros activos financieros o recursos económicos; y el concepto de “sin demora” como la ejecución inmediata de la medida de congelamiento.
Se obliga a todos los sujetos obligados ante la UIF a congelar sin demora e inaudita parte los bienes o activos involucrados en operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La reducción del plazo dentro del cual puede hacerse efectiva la autorización judicial para autorizar la realización de operaciones con bienes o activos congelados que sean necesarios para sufragar gastos extraordinarios o básicos.
La posibilidad de solicitar la cooperación de terceros países a través del Grupo Egmont para el congelamiento administrativo de activos, conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

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