Con relación al tema citado en el título, se hace conveniente efectuar algunas consideraciones con relación a su amplitud y extensión.

Veamos: el artículo 9 de la ley 14250 fue modificado por la ley 27802 y, leído en armonía con la reglamentación incorporada por el artículo 7 del decreto 407/2026 (BO: 1/6/2026), dispuso topes a las contribuciones y aportes en favor de asociaciones de empleadores, así como también en favor de las asociaciones de trabajadores.

En particular, el segundo párrafo del artículo 9 de la ley 14250 comienza incorporando una fórmula que no estaba prevista con ese alcance en la normativa anterior, al establecer que “las contribuciones y los aportes previstos en las convenciones colectivas de trabajo, a favor de asociaciones de trabajadores…, no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Es decir, el límite previsto en favor de asociaciones de trabajadores no se reduce solamente a los aportes que realizan los trabajadores -por ejemplo, la denominada “cuota solidaria”-, sino que comprende también las cargas económicas convencionales impuestas en favor de dichas asociaciones, cualquiera sea su denominación.

Desde el análisis gramatical, el sujeto de la oración está compuesto por dos conceptos coordinados entre sí: “contribuciones” y “aportes”. Ambos quedan alcanzados por el mismo predicado verbal: “no podrán superar”; no existe en la oración, ni en el párrafo correspondiente, complemento alguno que restrinja la palabra “contribuciones” exclusivamente a descuentos sobre el salario del trabajador. Por el contrario, el término comprende cualquier contribución prevista convencionalmente en favor de la asociación de trabajadores, sea que se instrumente mediante una retención sobre remuneraciones o mediante una obligación directa a cargo del empleador.

A su vez, la frase “a favor de asociaciones de trabajadores” identifica al beneficiario de la carga económica, no al sujeto obligado al pago. Del mismo modo, la expresión “afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención” delimita el ámbito personal de aplicación del convenio colectivo, pero de ninguna manera convierte al trabajador en el único obligado posible al pago.

La distinción terminológica también es relevante. Me explico: en el lenguaje jurídico-laboral argentino, la palabra “aporte” se utiliza comúnmente para identificar una carga personal del trabajador, mientras que la palabra “contribución” apunta especialmente (cuando aparece coordinada con el término “aporte”) a las cargas patronales. La propia legislación argentina utiliza esa diferenciación técnica: la ley 24241, al regular aportes y contribuciones, distingue expresamente entre el “aporte personal de los trabajadores” y la “contribución a cargo de los empleadores”.

Si el legislador utilizó ambas palabras en conjunto -“contribuciones y aportes”-, no puede presumirse que quiso decir dos veces lo mismo, ni que pretendió regular únicamente aportes de trabajadores. Una interpretación contraria vaciaría de contenido autónomo a la palabra “contribuciones” y convertiría en redundante una distinción que el derecho laboral y de la seguridad social utiliza desde hace décadas.

La reglamentación dictada mediante el decreto 407/2026 confirma esta interpretación amplia y cierra cualquier discusión nominalista, ya que el artículo 6 del decreto 407/2026 incluye dentro de las cláusulas obligacionales aquellas que establezcan “aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos, o cualquier otra carga económica o institucional”, en favor de las partes signatarias, o de entes, asociaciones, fondos, institutos o estructuras creadas, sostenidas o administradas por disposiciones convencionales, cualquiera sea su denominación, estructura o integración. Además, aclara que la denominación o calificación asignada por las partes no puede alterar la naturaleza jurídica de la cláusula.

A mayor abundamiento, el artículo 7 del decreto 407/2026 incorporó el artículo 6 bis al decreto 199/1988, disponiendo que toda convención colectiva que contenga cláusulas que establezcan “aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica” en favor de las partes signatarias o de entes colectivos deberá ser readecuada si excede los límites previstos por el artículo 9 de la ley 14250. La norma agrega que dichos límites se computan en forma global, respecto del conjunto de cargas económicas impuestas por la convención colectiva, sin que su fragmentación entre distintos conceptos o beneficiarios permita exceder el límite legal.

Este último punto es clave y decisivo: la reglamentación no habla solo de cuota solidaria, ni que esté solo en cabeza de los trabajadores; habla de “cargas económicas impuestas por la convención colectiva”, y cuando regula el efecto liberatorio del pago hasta el tope refiere al “obligado al pago”, no al trabajador, lo que nos da una expresión amplia, la cual permite incluir sin lugar a duda al empleador cuando la cláusula convencional le impone una contribución patronal.

La jurisprudencia también reconoce desde hace años que un convenio colectivo puede contener aportes de trabajadores y contribuciones patronales. En “Unión Personal de Fábricas de Pinturas y Afines RA c/Colorín Industria de Materiales Sintéticos SA s/ejecución fiscal' - CSJN - 27/9/2018 - Cita Digital EOLJU185874A, la cuestión debatida comprendía, por un lado, la cuota de solidaridad de los trabajadores no afiliados prevista en el artículo 108 del convenio colectivo de trabajo 86/1989 y, por otro, la contribución patronal establecida en el artículo 109 del mismo convenio colectivo. Es decir, el propio precedente distingue con claridad entre una carga retenida a trabajadores y una contribución patronal convencional a cargo del empleador.

Por lo tanto, el segundo párrafo del artículo 9 de la ley 14250 de ninguna manera puede limitarse únicamente al aporte de la “cuota solidaria”, ya que por definición esta es solo una modalidad posible de carga convencional compulsiva sobre los trabajadores no afiliados. Por el contrario, la definición vigente utiliza una fórmula más extensa que podría resumirse en “contribuciones y aportes previstos en el convenio colectivo en favor de la asociación de trabajadores”, incluyendo tanto aportes (retenidos) a cargo de los trabajadores e ingresados por los empleadores, como las contribuciones a cargo de estos últimos, siempre que tengan fuente convencional y destino sindical.

En consecuencia, cuando un convenio colectivo impone al empleador una contribución, aporte patronal, fondo, instituto, carga asistencial, cultural, de capacitación, sostenimiento, o cualquier otra carga económica equivalente en favor de una asociación de trabajadores, dicha obligación queda alcanzada por el tope global del 2% previsto en el segundo párrafo del artículo 9 de la ley 14250.

Quedan fuera de la órbita de estos conceptos las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación al sindicato firmante, pero no se excluyen las contribuciones patronales convencionales. Por ello, el tope del 2% opera también en cabeza del empleador cuando la carga convencional es una contribución patronal en favor de la asociación de trabajadores.

Esta doctrina fue publicada en Práctica y Actualidad Laboral (PAL)

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