La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en los autos “Mardiza, Fernando Darío y otros s/ procesamiento”, confirmó el procesamiento dictado en la causa que investiga un presunto fraude en una obra vial tanto a los funcionarios y empresarios e incluye como presuntas autoras penalmente responsables del delito de cohecho activo a dos sociedades anónimas por los delitos cometido en su nombre, interés so beneficio.

Detalles del caso

La investigación se centra en una maniobra de engaño que habría ocurrido entre mayo y diciembre de 2017, donde se sospecha que se simuló una ejecución de terraplén mayor al volumen real construido, lo que resultó en un pago indebido por parte del Estado Nacional de más de 9 millones de pesos.

El proceso se encuentra en marcha, pero en esta resolución, el Tribunal destacó que las nuevas pruebas aportadas, incluyendo la información extraída de equipos electrónicos incautados, fortalecieron las sospechas sobre el falseamiento de mediciones y la connivencia entre funcionarios y empresas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

En el contexto de la investigación, la justicia reafirmó el procesamiento de dos sociedades anónimas como presuntas autoras penalmente responsables del delito de cohecho activo, basándose en la Ley 27.401, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre, interés o beneficio.

La Sala hizo hincapié en la falta de control interno por parte de las empresas, señalando que no se aplicaron mecanismos para prevenir o detectar irregularidades.

Se destacó la ausencia de revisión de contratos, análisis de riesgo en las contrataciones y la falta de auditorías internas.

Ante el cuestionamiento por parte de las sociedades sobre la entrada en vigencia de la Ley 27.401 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, uno de los jueces en su voto destacó que las empresas involucradas no eran pasibles de ser sancionadas en el momento de la subejecución de la obra, dado que no estaba en vigencia la ley que permite atribuirles responsabilidad penal a las personas jurídicas. Sin embargo, al entrar en vigor la norma (marzo de 2018), las sociedades encausadas, hasta lo que se conoce, continuaron realizando pagos —dando—dinero a los funcionarios públicos por intermedio de la consultora …, bajo la apariencia de un alquiler celebrado en relación con maquinaria y contrataciones de servicios.

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