En el marco del debate legislativo sobre el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) ha elevado un pedido ante Victoria Eugenia Villarruel, Presidente del Senado, solicitando que se deje sin efecto la propuesta de reducción en las escalas de honorarios de los auxiliares de justicia contenida en el Título IV, Capítulo I, de dicho proyecto.

El eje de la controversia técnica radica en la propuesta de los artículos 92 a 94, que pretenden fijar el honorario mínimo de los peritos judiciales en tan solo 2 (DOS) UMAS. Para el profesional contable, esta cifra ignora la estructura de costos y la responsabilidad civil inherente a su función como auxiliar técnico del juez, rol que es por definición objetivo e independiente de las partes.

El Consejo destaca que el perito judicial enfrenta condiciones financieras críticas:

Ausencia de ingresos periódicos: el perito no percibe honorarios anticipados ni salarios, financiando íntegramente el proceso durante años.
Estructura de costos operativos: el ejercicio de la función exige gastos en capacitación permanente, software especializado, infraestructura y seguros que no son recuperables de forma directa.
Inversión previa: el profesional debe costear una inscripción anual arancelada simplemente para integrar los listados oficiales, asumiendo el riesgo de no ser regulado con montos suficientes.

Asimismo, el CPCECABA destaca que la reducción propuesta vulnera el carácter alimentario de los honorarios y el derecho constitucional a una retribución justa.

La desvalorización de la tarea pericial no solo afecta al matriculado, sino que desalienta la participación de profesionales idóneos, degradando la calidad del servicio de justicia.

En conclusión, la nota insta a los legisladores a mantener estándares razonables de retribución en resguardo de la dignidad profesional y el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

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