Sobre la base del trabajo presentado en la XII Jornada Nacional de Derecho Contable celebrada en Mar del Plata en setiembre de 2019

Grupo de Investigaciones Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata

En este trabajo nos proponemos analizar las implicancias jurídicas que se derivan de la información contenida en los estados contables, abordando en particular algunas cuestiones que se ponen de manifiesto a partir de la aplicación del ajuste integral por inflación (o por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, para ser más abarcativos).

La ley general de sociedades 19550 establece en su artículo 62 in fine que los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio deberán confeccionarse en moneda constante. En nuestro país, reconocemos a lo largo de las últimas décadas procesos de inflación de mayor o menor envergadura. La inflación es lamentablemente y sin dudas una característica casi constante de nuestra economía, que no puede ser soslayada a la hora de elaborar y emitir información contable, si deseamos que la misma sea de utilidad.

El 29/9/2019, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobó la resolución de Junta de Gobierno 539/2018 y dispuso la aplicación del ajuste por inflación para la preparación de los estados contables correspondientes a períodos contables (anuales o intermedios) con cierres a partir del 1/7/2018 (inclusive).

A partir de la aplicación del ajuste definido por la norma, se han planteado circunstancias que merecen ser analizadas a la luz de las implicancias que estas generan, principalmente en relación con la distribución de utilidades. Analizamos en este trabajo algunas situaciones que consideramos relevantes, tales como:

a) La naturaleza y factibilidad de distribución del resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM), a partir del concepto de ganancia líquida y realizada.
b) Análisis de las variaciones que se generan en los montos de los resultados acumulados al inicio del primer ejercicio en el que se practica el ajuste, en comparación con los históricos que oportunamente se habían publicado en el ejercicio anterior.
c) Consecuencias derivadas de la interacción entre las disposiciones de la resolución técnica 48 y las de la resolución técnica 6, ambas de la FACPCE.
d) Consecuencias generadas por la falta de uniformidad de normas, conforme la jurisdicción: en cuanto a su vigencia, carácter optativo u obligatorio de las mismas,existencia de tratamientos alternativos inclusive en una misma jurisdicción, uso de índices diferentes.

Somos conscientes de que la aplicación del mecanismo de reexpresión genera diversas aristas e impacta directamente en la medición de los resultados y, por ende, en la distribución de utilidades a los accionistas. Pero consideramos que el resultado del período debe determinarse haciendo abstracción de las consecuencias que puede acarrear su distribución. Las consideraciones económico-financieras sobre la disponibilidad de fondos para el pago de dividendos corresponden al momento de decidir el destino de las utilidades y no deben condicionar el proceso de su determinación.

Algunos autores consideran, por lo tanto, que se debe efectuar un análisis de la situación económica y financiera de la sociedad para definir la distribución de utilidades. En este sentido, Sussini (1951, citado por Barrau, 2018: 179) entiende que se debiera atender a las normas de buena administración a los fines de definir la distribución de dividendos y que “solo en la medida que el activo líquido o próximamente realizable sobrepase el pasivo exigible, entonces y solo entonces, podrá decirse que hay beneficio disponible susceptible de legitimar una distribución de dividendos”.

Otros autores son más restrictivos a la hora de definir el resultado distribuible. Barrau (2018: 1919) considera que la distribución de ganancias a los accionistas debiera reducirse a las provenientes de operaciones con terceros. Caso contrario, se estaría distribuyendo anticipadamente el patrimonio social y se corre el riesgo de llevar a la empresa a la infrapatrimonialización y, por ende, a un proceso de reducción de sus capacidades comerciales y empresariales.

I - LOS ESTADOS CONTABLES Y LAS IMPLICANCIAS JURÍDICAS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS

Los estados contables brindan información objetiva sobre el patrimonio de un ente a una fecha determinada y sobre la evolución generada en ese patrimonio a lo largo del o los períodos que abarcan. En este sentido, Lazzati (2014) afirma: “El objetivo de los estados contables es brindar a sus usuarios información objetiva sobre la riqueza actual de la empresa y su evolución, habida durante el último período (o últimos), con la finalidad de que ellos puedan tomar debidamente las decisiones que les competen” (pág. 231).

Consecuentemente, “se espera que la información contable ayude a … evaluar: a) la capacidad del ente emisor de los informes contables para: 1. pagar sus obligaciones en tiempo y forma; 2. generar y distribuir ganancias a sus propietarios (si se tratase de un ente con fines de lucro); b) el origen, la naturaleza, las características y el rendimiento de los recursos empleados; c) la calidad de la gestión de la administración…” (Fowler Newton, 2005: 330).

Para elaborar información contable, se definen determinadas pautas que conforman el modelo contable a emplear, debiéndose decidir en materia de unidad de medida criterios de medición del patrimonio y concepto de capital a mantener a los fines de definir la ganancia de un período.

En este trabajo, nos proponemos analizar las implicancias jurídicas que se derivan de la información contenida en los estados contables, abordando en particular algunas cuestiones que se ponen de manifiesto a partir de la aplicación del ajuste integral por inflación (o por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, para ser más abarcativos). Consideramos que “…un asiento contable o la emisión de información contable y financiera produce consecuencias en el ámbito de las obligaciones, de los derechos y de las responsabilidades patrimoniales de uno a más sujetos” (Favier Dubois, 2011: 5). Por lo tanto, la adopción de un modelo contable implica no solo definir pautas bajo las cuales se informa el patrimonio de un ente y se reconocen resultados, sino que también se generan a partir del mismo consecuencias en este sentido.

Considerando esto último y siguiendo a Favier Dubois (2011) podemos enumerar, entre otras, las siguientes situaciones en las cuales la información contable emitida produce consecuencias o efectos en el ámbito de las obligaciones, derechos y/o responsabilidades empresariales de uno o más sujetos:

a) La información contable conforma un reconocimiento de derechos y obligaciones.

b) La información contable conforma la base para definir el contenido de una oferta con relevancia jurídica.

Así es que los estados contables son tenidos en cuenta, entre otros casos, para:

- Definir acciones a emitir en procedimientos de fusión o escisión de sociedades.

- Definir valores en caso de ejercicio de derechos de receso, retiro de socio, resolución parcial o exclusión.

- Obtención de un préstamo o crédito en el cual resulte ser necesario analizar el riesgo del ente.

c) Los estados contables son un medio para exteriorizar y cuantificar obligaciones.

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos la medición del patrimonio de un ente. Esta medición tiene consecuencias jurídicas directas sobre la cuantificación de ciertas obligaciones. Por ejemplo, para medir los frutos civiles a los fines de determinar bienes gananciales o derechos de usufructuario, o porción de herederos de un socio fallecido.

d) Los estados contables son condición necesaria para el nacimiento de derechos societarios.

A partir de la información contenida en los estados contables, se definen cuestiones tales como constitución de reserva legal u otras reservas, distribución de dividendos, y se fija la base para la aprobación de honorarios de directores y síndicos.

Al respecto, recordamos algunas disposiciones de la ley general de sociedades que deben ser receptadas por la contabilidad y expuestas en los estados contables, en la medida que corresponda al ente emisor.

d.1) Constitución de reserva legal

En relación con la constitución de reserva legal, la ley general de sociedades determina en su artículo 70:

“Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben efectuar una reserva no menor al cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social”.

A su vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante las resoluciones generales 195/1992 y 576/2010, aclaró:

“Para el cálculo de la reserva legal del ejercicio, de acuerdo con el artículo 70 de la ley 19550, deberá tomarse un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del resultado positivo surgido de la sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados no asignados (esto último aplicable a las entidades identificadas en 11.1 de este Anexo) y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste del Capital”.

d.2) Constitución de reservas facultativas

El artículo 70 de la ley general de sociedades exige que las reservas (excepto la reserva legal) tengan una base de razonabilidad y respondan a una prudente administración. Los administradores deberán informar clara y circunstanciadamente las razones por las cuales se propone la constitución de estas reservas a través de la memoria.

A los fines de justificar la constitución de este tipo de reservas, los órganos de administración y de decisión del ente emisor de los estados contables deberán tener siempre presente:

“El principio de razonabilidad que exige la demostración de que la dotación de las reservas obedece a razones de necesidad o de conveniencia para la sociedad y no a maniobras en beneficio o perjuicio de cualquier grupo de accionistas”.

Recordamos al respecto que, si bien pueden existir intereses sociales legítimos que den lugar a la constitución de reservas, estas implican una limitación al derecho del socio a las utilidades y, por ende, existen trabas formales de procedencia y sustanciales de razonabilidad que deben ser tenidas en cuenta al momento de decidir su constitución.

d.3) Declaración de dividendos

La ley general de sociedades remite a los estados contables para fijar la base de determinación de los dividendos.

“Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente…”.

El derecho al dividendo, de carácter patrimonial, constituye un derecho individual, cuya objetivación está ligada a la determinación de utilidades líquidas y realizadas, y en la no afectación de las mismas a la constitución de reservas legales o facultativas, conforme las reglas que determina la ley de sociedades.

El derecho a dividendos está protegido por la ley y los mismos deben surgir de un estado contable confeccionado conforme las normas legales y a partir de utilidades líquidas y realizadas. A esto se adiciona que será la asamblea de accionistas como órgano de gobierno la que decida sobre la distribución de dividendos y la aprobación de honorarios al directorio. Los estados contables son una condición necesaria, pero no suficiente para la definición de estos conceptos.

d.4) Aprobación de honorarios de directores y síndicos

La ley general de sociedades en su artículo 261 establece:

“El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia; en su defecto, la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento (5%) cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias”.

La información contable es base para la determinación del tope de remuneración que podrán recibir el directorio y el consejo de vigilancia, obteniendo relevancia el monto del resultado obtenido en el ejercicio.

Ajuste por inflación contable: Análisis de las principales implicancias jurídicas derivadas de su aplicación