La Constitución Nacional asigna al Poder Judicial el control jurisdiccional de los poderes del Estado Nacional (arts. 116 y 117, CN). La Administración Federal de Ingresos Públicos es un organismo autárquico del Poder Ejecutivo Nacional que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía (D. 618/1997). Forma parte de la administración pública. Por ende, los hechos, actos y omisiones de la AFIP, en relación a la recaudación tributaria, pueden ser examinados en sede judicial a pedido de los interesados.

Mediante el control judicial, un tribunal resuelve si un acto administrativo es ilegal o ilegítimo. Tiene en miras proteger los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos frente al Estado.

Existen dos vías procesales para llevar a juicio a la AFIP: un directa y otra indirecta.

Es directa cuando se puede recurrir ante la justicia sin el paso por una instancia administrativa previa. Por esta senda acceden la repetición de impuestos pagados a requerimiento, las vías de hecho administrativas, el silencio administrativo, el ritualismo inútil y las acciones de amparo y declarativa de certeza.

Es indirecta cuando antes de recurrir a la justicia primero se deben agotar las vías administrativas. El afectado tiene habilitada la instancia judicial cuando ha culminado el procedimiento administrativo. Por este carril ingresan la impugnación de actos particulares y generales y el reclamo administrativo previo.

En la presente nota, analizaremos el acceso a la justicia por agotamiento de las vías administrativas, que está regulado principalmente en la ley 11683 (t.o. en 1998) y su decreto reglamentario 1397/1979 (RPT). Se aplican de forma supletoria la ley 19549 y su decreto reglamentario 1759/1972 (RPA - t.o. en 2017), el Código Procesal Civil y Comercial Nacional y el Código Procesal Penal Nacional/Federal.

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Procedimiento tributario: ¿cómo dar el paso de la instancia administrativa a la judicial?