En el marco de la causa 'Asociación del Fútbol Argentino c/ Inspección General de Justicia s/ recurso directo a cámara', la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a las quejas interpuestas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Justicia de la Nación, dejando sin efecto la sentencia de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había declarado la nulidad de las resoluciones administrativas emitidas por ambos organismos.

El eje central de la controversia radica en precisar el exacto iter procedimental del cambio de jurisdicción de una persona jurídica y delimitar la competencia de los organismos de contralor involucrados, desestimando la coexistencia de controles concomitantes.

El antecedente y la postura del tribunal a quo

La Sala D de la Cámara Civil había anulado la Resolución IGJ 140/2026 (que denegó la reforma estatutaria por cambio de domicilio a la Provincia de Buenos Aires y la consecuente cancelación registral en CABA) y la Resolución del Ministerio de Justicia 128/2026 (que disponía una veeduría).

La Cámara consideró que, tras la inscripción del cambio de domicilio por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires (DPPJ), el poder de policía de la IGJ había cesado, desplazándose en forma exclusiva hacia la autoridad provincial para evitar un 'doble control estatal' o 'fiscalización concomitante'.

Doctrina de la Corte Suprema de Justicia

Al analizar el recurso extraordinario incoado, la CSJN descalificó la sentencia encuadrando el razonamiento de la Cámara bajo el rótulo de argumento falaz.

El máximo tribunal aclaró que no existe superposición temporal ni ejercicio simultáneo del poder de policía. El procedimiento legal exige un encadenamiento sucesivo.

De conformidad con los artículos 310 y 311 de la Resolución General IGJ 15/2024, el trámite de cambio de jurisdicción requiere indispensablemente la cancelación registral previa en la jurisdicción de origen.

Mientras la cancelación formal no se perfeccione en el Registro Público a cargo de la IGJ, la entidad continúa indefectiblemente sujeta a su potestad de fiscalización.

El Tribunal remarcó que esta doctrina mantiene coherencia con lo resuelto previamente en el precedente 'Yersiplast S.A.' (2021), fijando como regla que la radicación no se perfecciona hasta la efectiva cancelación registral previa.

El Máximo Tribunal señaló que la propia Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires había condicionado la eficacia plena del trámite al disponer en el artículo 4° de su resolución que no inscribiría ningún otro acto subsiguiente hasta tanto no se acreditara la cancelación en la 'extraña jurisdicción' (IGJ).

AFA: la Corte ratificó la fiscalización de la IGJ hasta la cancelación registral