La sala II de la Cámara Federal de Salta confirmó una condena contra Aerolíneas Argentinas y la obligó a indemnizar a un pasajero que sufrió un retraso en el vuelo por una huelga, ya que entendió que ese acontecimiento no es equiparable al caso fortuito ni a la fuerza mayor.

En el caso “Figueroa, Ángel Maria c/ Aerolíneas Argentinas s/ daños y perjuicios”, el actor remarcó que había comprado dos pasajes de avión por Aerolíneas Argentinas en los tramos Salta-Buenos Aires y Buenos Aires-Salta. Además, había adquirido dos tickets aéreos con LATAM Airlines para el trayecto Buenos Aires-Río de Janeiro y Río de Janeiro-Buenos Aires. Debido a una medida de fuerza gremial de empleados de la firma demandada, el vuelo que tenía origen en Salta y destino en Buenos Aires fue reprogramado. Para no perder los pasajes hacia Brasil, inició un viaje en automóvil desde Salta.

De acuerdo a la empresa, el acto gremial ilícito e inesperado se trató de un caso fortuito o fuerza mayor y fue lo que provocó las demoras para embarcar a los pasajeros del vuelo, por ello interrumpía el nexo causal entre la conducta del transportador y el daño que pudiera haber sufrido el pasajero.

Por otro lado, la demandada entendió que era irrazonable el pago de una suma de dinero para que el actor pudiera adquirir pasajes equivalentes a los contratados ya que el vuelo en cuestión no fue cancelado, sino reprogramado y operó luego de que la medida de fuerza gremial fuera levantada.

El fallo de primera instancia

La jueza de primera instancia sostuvo que “el paro gremial no puede ser considerado como eximente de responsabilidad” y “no medió el desconocimiento y la imprevisibilidad e inevitabilidad necesarios (art. 19 del Convenio de Varsovia de 1929, arts. 141 y 142 del Código Aeronáutico, art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.

De esta manera, entendía que la huelga de los empleados no se podía considerar fuerza mayor o caso fortuito porque, de acuerdo a las noticias de ese momento, la aerolínea tenía conocimiento de la posibilidad que se realicen protestas y, en ese sentido, debió haber tomado las medidas necesarias para minimizar el impacto de ellas en los usuarios.

“En cuanto al carácter de inevitabilidad de la fuerza mayor, se alude no sólo a la imposibilidad de superarla, sino también a la obligación de informar al público sobre el inconveniente con la debida anticipación y, en todo caso, reajustar sus vuelos de forma tal que se atenúen las derivaciones negativas o bien diagramar alternativas con otras compañías aéreas; situaciones que no fueron alegadas ni acreditadas por la demandada”, añadió.

La demandada apeló. Volvió a exponer por qué consideraba que se trataba de un caso de fuerza mayor y remarcó que la parte actora no solicitó un resarcimiento por daño moral, por lo que este rubro no debería haber prosperado.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos sostuvieron que entre las partes había un contrato de transporte aéreo, en el cual la obligación que asume la empresa es la de transportar al pasajero (con su equipaje de mano y/o bodega) y que este llegue sano y salvo al lugar de destino, haciéndolo en tiempo oportuno.

Desde ese punto de vista, ratificaron la postura de la jueza de primera instancia y analizó el caso tomando en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional, en lo relativo a los derechos de los consumidores, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Aeronáutico Argentino y las “Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo”.

En esa línea, añadieron que el transporte aéreo no se encuentra excluido de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que la aplicación de esta última es complementaria y limitada a aquellos supuestos no estipulados en el Código Aeronáutico.

De modo que, teniendo en cuenta que las normas específicas del transporte aéreo no prevén todas las posibles cuestiones que puedan suscitarse en ese ámbito, pueden adoptarse las soluciones de la norma consumeril en situaciones no expresamente contempladas.

En cuanto al caso concreto, explicaron que “la huelga de los propios empleados de la compañía no es, en principio, equiparable al caso fortuito ni a la fuerza mayor como pretende la demandada y sólo en circunstancias excepcionales puede el sujeto pasivo de la obligación eximirse de responsabilidad alegando la huelga”.

Y alegaron que “la accionada tenía que probar el presupuesto de hecho en que funda la causal de exoneración de responsabilidad (la medida de fuerza gremial), que ésta no pudo ser evitada y que intentó reencaminar al actor hacia el destino por otra ruta en tiempo y forma o por intermedio de los servicios de otro transportador o por otro medio de transporte (art. 142 del Código Aeronáutico); lo que no hizo”.

Al cuestionamiento de la demanda de que el actor había emprendido viaje terrestre hacia Buenos Aires y que ello era una consecuencia mediata de un alea que asumió al contratar pasajes con distintas líneas aéreas, los camaristas consideraron que, en este punto, si le diesen la razón a la demandada “implicaría que los pasajeros se vean obligados a contratar conexiones siempre con la misma aerolínea y -en muchos casos- a abonar un mayor monto por temor a que cancelen un vuelo y no se responsabilicen del perjuicio que ocasiona la pérdida de enlace, afectándose la libertad contractual de la que goza todo individuo (art. 958 del CCyCN)”.

Por último, sobre el daño moral, los magistrados enfatizaron que el actor solicitó “indemnización de daños y perjuicios y daño moral” y que lo que se exige al definir la forma de la demanda es que se especifique 'la cosa demandada' con exactitud, sin requerir que cada solicitud esté en un capítulo separado, por lo que era suficiente con que el actor haya detallado su petición de forma precisa.

Ponemos a disposición el texto completo del fallo

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