La sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal admitió un recurso in extremis y dejó sin efecto su propia resolución que había ordenado reducir los honorarios profesionales del abogado del actor.

Los magistrados consideraron que el letrado tuvo razón en su planteo porque había omitido considerar que primero actuó como patrocinante y luego como apoderado, lo que implicaba una regulación de honorarios mayor.

Reducción de honorarios

En el caso “V. M. E. c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ Habeas Data”, el actor promovió la acción de habeas data regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la ley 25.326 contra Sudamericana Group SRL con el objeto de que se le ordene la eliminación de los datos falsos y/o desactualizados sobre su persona que obraban en sus registros.

Refirió que tomó conocimiento de que figuraba informado como responsable de una deuda (que desconoce) y de cheques rechazados vinculados con una empresa con la que no tiene relación actual, por lo que pretendía la eliminación de esa información. Explicó que requirió a la accionada, vía telegrama, que suprimiera tales datos, sin éxito. Señaló que la información falsa figura en las bases del Banco Central de la República Argentina y del Veraz.

Posteriormente, el Juez de primera instancia resolvió declarar cumplido el objeto de la acción en razón de haberse corroborado que el Banco Galicia desvinculó de la clave de identificación fiscal del actor la deuda -producto de cheques rechazados para la consulta relacionada con el accionante-, lo que motivó que el BCRA excluyera sus datos identificatorios. Y fijó los honorarios de los abogados intervinientes en 20 UMAS a cada uno.

Las demandadas apelaron y la Cámara redujo los honorarios del abogado del actor (vencedor) de 20 UMA a 14 y también los del abogado del banco (vencido) a 14 UMA, procediendo luego a regular honorarios de alzada.

Por eso motivo, el letrado del actor decidió interponer un recurso de revocatoria in extremis. Alegó que existió un error del tribunal al reducir sus honorarios cuando los de primera instancia estaban bien regulados conforme la ley arancelaria y las constancias del expediente.

Necesidad de corregir errores

Los camaristas Eduardo Gottardi y Guillermo Antelo recordaron que el recurso de reposición in extremis, reconocido por la jurisprudencia en forma pretoriana, tiene la finalidad de corregir errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples, resoluciones interlocutorias y aun las sentencias definitivas, cuando media posibilidad de consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial. También ha sido admitido cuando el error es evidente –aun existiendo otras vías recursivas- con fundamento en razones de economía procesal.

Explicaron que se trata de un recurso que tiene por finalidad subsanar errores materiales y de los denominados esenciales, deslizados en un pronunciamiento de mérito, entendiendo por los últimos aquellos que, por palmarios, deben asimilarse a los materiales.

En ese contexto, enfatizaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la procedencia de la reposición planteada contra sus decisiones “a fin de no incurrir en exceso de rigor formal”. Y, en general, en todas las “situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar”.

De esta manera, consideraron las pautas previstas en el art. 47 de la ley 27.423 (20 UMA), que la primera etapa del proceso fue cumplida en su carácter de patrocinante y, después, como apoderado, debiendo adicionarse el porcentaje proporcional establecido en el art. 20 (40%), dejaron sin efecto la regulación cuestionada y confirmaron la de primera instancia.

El recurso de reposición “in extremis”

En el artículo “La reposición “in extremis”, publicada en Temas de Derecho Procesal de Erreius, Gabriel Quadri explica que se trata de una “variante del recurso de reposición clásico, lleva ya varios años entre nosotros (casi tres décadas) pero, aun así, la mayoría de las leyes procesales siguen sin regularla”.

“Los tribunales, no obstante ello, en algunos casos la admiten, pero acudiendo a parámetros provenientes de la doctrina, jurisprudencia o regulación en otras jurisdicciones”, añadió.

“Obviamente, la ausencia de recepción legislativa podría interpretarse como ausencia de voluntad de parte de quien establece las reglas de juego procesales (el legislador) en cuanto a la vigencia de la figura”, aseguró el autor.

Esto daría la razón, desde su punto de vista, a quienes sostienen que, al no existir la figura, este tipo de recursos no podría admitirse.

“Pero, en paralelo, existe otra tendencia que viene abriendo las puertas de este recurso, en aquellas situaciones extremas (de allí su nombre) donde no existen recursos disponibles, los disponibles se muestran impotentes o, incluso, en aquellos casos en los cuales transitar por los recursos vigentes implicaría una contradicción con razones elementales de economía y celeridad procesal”, añadió.

Por último, sostuvo que “la discusión está abierta y, todavía, no contamos con parámetros demasiado certeros, que dejan, a veces, la cuestión sin reglas claras”.

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