Mediante el Decreto 31/2023, el Gobierno Nacional establece como prioridad el manejo y gestión sostenible de los recursos utilizados por los organismos del Sector Público Nacional.

Según el artículo 3 del decreto, el objetivo es la “obligación de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, considerando los principios de progresividad y de no regresión”

El artículo aclara que las buenas prácticas alcanzan la gestión eficiente de:

a) La energía eléctrica;

b) El agua;

c) El gas natural;

d) Los residuos;

e) Las compras públicas;

f) La accesibilidad;

g) La movilidad sostenible y

h) Las superficies y espacios verdes.

Autoridad de aplicación

El decreto designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que dicte normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para implementar la política de sostenibilidad.

Plazo y distinciones

En el artículo 5 se dispone que la política pública nacional de manejo y gestión sostenible de los recursos se implementará de forma progresiva. En este sentido, la Autoridad de Aplicación fijará metas y objetivos según los siguientes plazos:

a) 2 años a partir de la entrada en vigencia del decreto, para cumplir con las primeras adecuaciones;

b) 6 años como máximo (contado desde la vigencia del decreto) para el cumplimiento de la totalidad de las adecuaciones.

Por último, el decreto prevé que los organismos del Sector Público Nacional que cumplan con las primeras adecuaciones (inciso a) dentro del plazo correspondiente; recibirán el distintivo de “Organismo Público comprometido con la sostenibilidad”. Luego, cuando el organismo en cuestión alcance las adecuaciones previstas en el inciso b); recibirá el distintivo “Organismo Público sostenible”.

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Administración Pública: declaran prioritaria la gestión sostenible de recursos