La administración de la herencia es el conjunto de actos jurídicos tendientes a la conservación, administración y, en su caso, disposición de los bienes que componen el acervo sucesorio durante el período existente entre la apertura de la sucesión y la partición. Es decir que tiene por objeto el mantenimiento adecuado de la integridad de la herencia conforme a la naturaleza de los bienes que integran el caudal, hasta el momento, de la partición.

Frente a la escasa regulación de la cuestión en el Código Civil de Vélez Sarsfield, que dedicaba específicamente un solo artículo a este tema -el art. 3451, que expresaba: “Ninguno de los herederos tienen el poder de administrar los intereses de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión”, aclarando en la nota que “la comunión en las cosas es una situación accidental y pasajera que la ley en manera alguna fomenta”-, el Código Civil y Comercial trae un desarrollo más completo y diferenciado, según se trate de una administración judicial o extrajudicial.

Entre los problemas que acarreaba el anterior régimen, destaca principalmente que al resultar insuficiente la regulación del código de fondo para resolver los conflictos que se sucedían en el proceso sucesorio, este solo actuaba, como afirma Gutiérrez Dalla Fontana, como una suerte de reenvío a los códigos procesales. Ello, con las consecuentes diferentes regulaciones según cada provincia. Asimismo, siempre se requería unanimidad en las decisiones y se sometía a la decisión judicial las diferencias que se suscitaran durante la indivisión.

El Código Civil y Comercial organiza expresamente, en cambio, dos tipos de administración: la administración extrajudicial (desde el art. 2323 al 2326, CCyCo.) y la administración judicial (desde el art. 2345 al 2362, CCyCo.). Abordaré brevemente cada una de ellas.

ADMINISTRACIÓN EXTRAJUDICIAL

Ya durante la vigencia del Código anterior, refería Perrino: “No obstante la prohibición contenida en el artículo 3451 del Código Civil, puede ocurrir que uno de los coherederos cumpla de hecho tareas de administrador sin que mediare por parte de los otros coherederos oposición alguna. Se ha considerado que en este supuesto se ha tipificado un mandato tácito... También se lo ha calificado como un gestor de negocios. Cualquiera sea su naturaleza el administrador de hecho debe rendir cuentas a los herederos o la persona que fuera designada en su reemplazo. Tienen derecho al reintegro de los gastos que hubiere realizado en beneficio de la comunidad hereditaria”.

Quiere decir que el Código Civil y Comercial no ha regulado algo nuevo, sino que ha tomado un dato de la realidad.

Advertía Graciela Medina que la comunidad hereditaria nace al momento de la muerte del causante, y la figura del administrador judicial surge dentro del proceso sucesorio; pero que resultaba necesaria una gestión de administración sobre los bienes del acervo hereditario hasta el momento del inicio del juicio sucesorio. En ese período -afirma- cobra importancia el administrador extrajudicial, que es aquel heredero que antes de la apertura del proceso sucesorio, con o sin mandato de sus coherederos, se encarga de realizar actos de conservación o de administración del patrimonio familiar.

Sabemos que el período de indivisión desde la muerte del causante hasta la partición es el que mayor cantidad de conflictos genera entre los coherederos (aquí subyacen conflictos que se materializan, muchas veces, en los bienes pero que tienen una raíz más profunda), por eso, es necesario no solo una mirada mediadora y preparada de los operadores judiciales, sino también normas claras que eviten la producción de conflictos.

El Código Civil y Comercial, en el Título VI “Estado de indivisión” del Libro Quinto “Transmisión de los derechos por causa de muerte”, dedica el primer capítulo a la administración extrajudicial de la herencia aclarando: “Las disposiciones de este Título se aplican en toda sucesión en la que hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay administrador designado” (art. 2323).

Es decir que en los casos en los que no hay un administrador designado, y sin perjuicio de que cualquiera de los herederos pueda tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentran en su poder -u obligando, a falta de ellos, a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios- (art. 2324, CCyCo.), puede suceder que se otorgue un mandato expreso de todos los coherederos a uno de ellos o a un tercero -persona física o jurídica- para realizar todos los actos de administración y disposición que se le confíen (art. 2325, CCyCo.), en cuyo caso su actuación se regirá, supletoriamente, por las normas del mandato (art. 1319 y ss., CCyCo.).

También se aplicarán tales normas cuando uno de los coherederos, con conocimiento de los demás, tome a su cargo la administración, sin oposición del resto, por interpretarse que existe allí un mandato tácito.

En ambos casos, son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones (art. 2325, segundo párr., CCyCo.).

Finalmente, puede suceder (conforme lo autorizado por el art. 2326, CCyCo.) que alguno de los herederos esté ausente o impedido transitoriamente y, aun sin su conocimiento, un coheredero realice actos en su nombre, que se regirán por las normas de la gestión de negocios.

Tanto en la actuación según la figura del mandato como la de la gestión de negocios rige la obligación de rendir cuentas, aunque no se señala expresamente en este capítulo (lo que hubiera sido conveniente) por aplicación de las normas del mandato [arts. 1324, inc. f) y 1334, CCyCo.] y de la gestión de negocios [art. 1782, inc. e), CCyCo.].

En cuanto a la forma de la rendición de cuentas, debe aplicarse el artículo 858 y siguientes del Código Civil y Comercial. El artículo 858 dispone: “Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes”.

Asimismo, el artículo 860 in fine señala: “La rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez”, y el artículo 862 establece que la misma puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto, en el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida.

Sin embargo, si uno de los coherederos es menor, incapaz o con capacidad restringida, entiendo que la administración y la rendición de cuentas debe ser judicial, para un mayor resguardo de los intereses de la persona y por aplicación del artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (L. 26378, con jerarquía constitucional otorgada por L. 27044), que establece: “5. ... los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

El control judicial y la intervención del asesor de incapaces resultan necesarios a estos fines.

Por otra parte, más allá de los actos de conservación y administración ordinaria, puede ser que resulte necesario realizar, antes de la apertura del proceso sucesorio, actos urgentes de administración extraordinaria o de disposición de bienes del caudal relicto. En este caso, el artículo 2327 del CCyCo autoriza al juez, a pedido de un coheredero, a ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de estos pone en peligro el interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles, y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de estas.

Resulta llamativo que en el capítulo destinado a la administración judicial, el artículo 2352 haya dispuesto nuevamente una medida similar, al prever bajo el título “Medidas urgentes” que “si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a asegurar sus derechos, como la facción de inventario, el depósito de bienes, y toda otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de estos o la designación de administrador provisional. Los gastos que ocasionan estas medidas están a cargo de la masa indivisa”.

Ferrer critica la superposición de ambos artículos. Es importante señalar que el artículo 2352 tiene una diferencia importante con el artículo 2327 -aunque bien podrían haberse unificado-, que es habilitar el pedido de las medidas urgentes a cualquier interesado, ampliando la legitimación prevista en el artículo 2327, que solo se refiere a un coheredero y señala otros ejemplos de medidas urgentes que pueden solicitarse -ninguno de los dos artículos, a mi entender, es taxativo, sino meramente ejemplificativos-. En este sentido, puede resultar interesante la regulación del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza, del año 2017, que contiene una norma amplia que engloba ambos supuestos -y es aún más extensa-.

Este contenido, que forma parte de la Publicación Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, dirigida por el Dr. Jorge C. Berbere Delgado, es exclusivo para suscriptores de Erreius, podés acceder haciendo clic acá.

La administración de la herencia a cinco años de la vigencia del Código