Por: María S. Granillo Fernández

Las adicciones representan una de las problemáticas más urgentes y complejas en el ejercicio efectivo del derecho a la salud, afectando no solo la salud física, sino también la salud mental y la dimensión social de la persona y su entorno.

En este escenario, el acceso a un tratamiento adecuado y sostenido en el tiempo es imperante y no debe depender de la voluntad ni del criterio discrecional de los financiadores del sistema de salud.

En nuestro país, el derecho a la salud ha sido ampliamente reconocido con jerarquía constitucional, tanto por normas internas como por tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, en la práctica, las personas con consumos problemáticos -especialmente aquellas con padecimientos mentales asociados- enfrentan obstáculos sistemáticos para acceder a tratamientos integrales, personalizados y respetuosos de su dignidad.

Este artículo propone analizar la normativa vigente, el rol del Poder Judicial y la urgencia de que el sistema de salud -con sus particularidades- actúe con celeridad, empatía y respeto. No se persigue un acceso desmedido a prestaciones, sino la priorización de aquellos tratamientos por adicciones que, dada su gravedad y complejidad, requieren una respuesta oportuna, adecuada e inmediata.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Si bien el tratamiento de estas patologías se encuentra incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la dinámica actual del sistema de salud, en la que las obras sociales y prepagas exigen atención únicamente en los centros conveniados restringe el derecho a la salud.

Esta situación es especialmente relevante dado que, en muchos casos, los centros recomendados por el profesional tratante para la atención integral del paciente no forman parte de la red de prestadores de estas entidades.

Desde el punto de vista jurídico, este sistema refleja una interpretación restrictiva del derecho a la salud, que no se ajusta a los principios de universalidad, integralidad y progresividad. Esta exclusión de centros no conveniados no solo es un obstáculo práctico para los pacientes, sino que también puede acentuar la desigualdad social, dado que solo aquellos con los recursos para contratar profesionales y judicializar la situación tienen la posibilidad de acceder a tratamientos en los centros indicados, mientras que el resto de la población queda sujeto al lugar disponible que haya en los centros contratados por los financiadores.

Este fenómeno revela una contradicción inherente a un sistema que debería estar diseñado para ofrecer un acceso equitativo a la salud, especialmente cuando se trata de condiciones tan complejas como las adicciones.

Es indiscutible que el sistema de salud atraviesa una crisis profunda, marcada por la escasez de recursos y una demanda creciente de prestaciones y medicamentos, agravada por el alza en la expectativa de vida, la aparición de nuevas patologías complejas y en consecuencias nuevos medicamentos. Ante este cuadro de situación es imperante establecer prioridades en determinadas coberturas y ahí es donde consideramos la importancia de priorizar estas solicitudes.

Todo ello contemplando que las adicciones tienen un impacto integral en la vida de la persona, su entorno y la sociedad en su conjunto.

Las adicciones no tratadas a tiempo generan consecuencias graves en múltiples niveles: a nivel individual, la progresión de la dependencia y las comorbilidades psiquiátricas elevan el riesgo de sobredosis, suicidio y deterioro neurológico; en el entorno familiar, la codependencia y el desgaste emocional provocan conflictos, violencia intrafamiliar y ausentismo laboral; y en el plano social y económico, el aumento de internaciones prolongadas, tratamientos complejos y saturación de servicios de emergencia se traduce en un costo indirecto significativo. Además de potenciar la criminalización y la exclusión social de las personas afectadas.

La judicialización, si bien legitima, expone las fallas del sistema y se convierte en barrera para quienes no pueden litigar. La solución no es el amparo aislado, sino una reforma estructural que garantice el tratamiento prescrito por el equipo médico, sin discriminaciones ni trámites burocráticos.

Y además:

MARCO NORMATIVO
LA OTRA CARA DEL SISTEMA: DERECHOS CRECIENTES, RECURSOS FINITOS
LA JUDICIALIZACIÓN COMO RESPUESTA A LA DEFICIENCIA EN EL ACCESO
CONCLUSIÓN

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Esta doctrina fue publicada en 'Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética', de Erreius

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