I - LA ACCIÓN LABORAL ORDINARIA DEL ARTÍCULO 2, INCISO J, DE LA LEY 15057. SU ABORDAJE EN EL FALLO “MARCHETTI” DE LA SUPREMA CORTE PROVINCIAL

La doctrina expuesta por la Suprema Corte provincial a partir de “Marchetti” (sent. del 13/5/2020; L. 123.792), sin alcanzar una conceptualización manifiesta de la acción judicial contenida en la norma adjetiva provincial, vislumbraría asentarse en un enfoque caracterizado por los atributos de plenitud y suficiencia mediante la tramitación de un juicio ordinario en el ámbito judicial.

En el voto de la doctora Kogan sobre el cual reposan los fundamentos que compone la mayoría, para delinear el control judicial suficiente como condición para admitir la utilización de una instancia administrativa especializada, se cita al dictamen fiscal emitido en la causa “Burghi”, el cual considera que los magistrados serían los encargados de determinar el proceso judicial aplicable. Sin embargo, inadvertido fue que la norma adjetiva provincial no deja librado al criterio de los jueces el tipo de proceso aplicable, como sí sucede en el ámbito de la justicia nacional. En efecto, el artículo 2, inciso j, de la ley 15057 señala expresamente que se trata de una acción laboral ordinaria, exigiendo que se deben cumplimentar los requisitos de la demanda del Capítulo III del ordenamiento procesal laboral bonaerense referido a los procesos de conocimiento con su consecuente amplitud de los medios de prueba que puede ofrecer la parte para su producción, utilizando el término 'revisión' no en el concepto recursivo, sino en idéntico sentido al otorgado en el precedente “Marchetti” de control judicial amplio y suficiente, modificando con ello la opción recursiva y acotada solamente a cuestionar lo actuado en sede administrativa contemplada por el artículo 2, segundo párrafo, de la ley 27348.

II - OBJECIONES A LA POSTURA DE LA REVISIÓN

Sostener que la acción judicial dispuesta por el artículo 2, inciso j, de la ley 15057 es una revisión, en el sentido de que el juez solamente puede abordar las observaciones a lo actuado en la instancia administrativa, basado en el argumento de la literalidad del texto legal, encuentra un primer obstáculo, ejemplarmente formulado por Gordillo cuando resalta que el legislador puede denominar a la instancia judicial posterior como recurso, apelación o revisión, y ello no va a impedir la existencia de una acción judicial plena en virtud de que los órganos judiciales no se pueden constituir en Alzada de un ente administrativo, siendo esta una insalvable objeción que actúa como valladar sobre el acotado concepto de revisión en el sentido de que el órgano administrativo va a delimitar las cuestiones que el juez puede abocarse a su tratamiento en el proceso judicial posterior.

Resulta ostensible la inconsistencia de la idea de la revisión cuando se accede a la justicia por el vencimiento de los plazos perentorios que la comisión médica jurisdiccional (CMJ) tiene para expedirse (art. 3, ap. 5, L. 27348, y art. 7, ap. 9, R. 298/2017), si no se estuviese frente a una acción autónoma, para sostener tal concepción en estos casos donde no se expidió el ente administrativo deberían brindarse las respuestas fundadas y adecuadas a estas preguntas: ¿qué debería cuestionar el accionante?, ¿sobre qué cuestiones el magistrado centraría el debate judicial? La falta de respuesta a los interrogantes planteados se aviene infranqueable, sumiendo el concepto de revisión al olvido.

No existe argumentación convincente para caracterizar como acción de revisión a la vía dispuesta en la normativa provincial, más allá de su dogmática afirmación. El proceso judicial no puede quedar delimitado y sujetado al marco referencial de rebatir lo actuado y resuelto en sede administrativa dentro de un ámbito recursivo, lo cual no implica dejar de advertir que solo pueden ser tratadas en el juicio posterior todas aquellas lesiones motivadas en el evento dañoso reclamadas ante las comisiones médicas y sobre las cuales se haya agotado la vía administrativa, pero con la necesaria amplitud y suficiencia que dimana de un proceso de conocimiento.

III - FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN JUDICIAL AUTÓNOMA

III - a) Normas procesales aplicables

Entre los fundamentos que se encuentran para calificar de autónoma a la acción judicial, se erige como esencial la remisión dispuesta por el legislador, en el artículo 2, j, al Título III, referidos a los procesos de conocimiento en el fuero laboral, para diferenciarlos así del recurso directo del artículo 2, apartado 2, inciso 3, de la ley 15057, al cual se abocan las cámaras del trabajo y hasta tanto estén constituidas, su tratamiento corresponderá a los tribunales del trabajo, aplicable esto último a los supuestos en que el trabajador o sus derechohabientes optan voluntariamente y con el debido asesoramiento de su letrado/a patrocinante por continuar con la vía recursiva administrativa ante la comisión médica central, al estar en desacuerdo con lo decidido por la CMJ.

El texto del artículo 2, inciso j, de la ley 15057 confiere al trabajador o sus derechohabientes una acción laboral ordinaria que debe cumplir con los requisitos impuestos para la demanda, exigidos por el artículo 31 de la ley 15057, modificando así la vía impuesta por el artículo 2, segundo párrafo, de la ley 27348, al adecuarlo a la normativa local, donde el debate se va a centrar en un proceso de conocimiento pleno al quedar comprendida la acción dentro del Capítulo III de la ley 15057, siendo de aplicación actualmente por los tribunales del trabajo las disposiciones del Capítulo III establecidas en la ley 11653 a partir de lo expresado por la Suprema Corte provincial en la resolución 3199/2019.

En su transcurso por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires se introdujeron modificaciones al proyecto redactado por la Comisión de Reforma del Procedimiento Laboral del COLPROBA, siendo una de ellas la complementación a la adhesión efectuada por la ley 14997, adecuando la normativa local mediante el inciso j incorporado al artículo 2 de la ley 15057.

Resulta evidente que el legislador no dispuso una herramienta de naturaleza recursiva, aunque así lo expresó en el texto del artículo en examen, puesto que, si hubiese tenido la intención de concederle a la mencionada norma un alcance recursivo y restringido para el acceso a la justicia por parte del trabajador o sus derechohabientes, la acción judicial hubiese estado condicionada al procedimiento instaurado por el artículo 84 de la propia ley 15057 -referido a la apelación de las resoluciones administrativas- , muy por el contrario, la norma exige cumplir con los requisitos para la interposición de cualquier demanda laboral ordinaria contenidos en el artículo 31, el cual habilita el tránsito por el proceso de conocimiento pleno establecido en el Capítulo III del procedimiento laboral bonaerense.

No resulta una cuestión menor que el citado artículo 2, inciso j, no exija el planteo de una crítica concreta y razonada de lo ocurrido ante la CMJ. En tal inteligencia, la doctora Kogan, al recurrir a “Burghi”, en su voto en “Marchetti”, señala dos atributos fundamentales con los cuales empodera a los jueces en el trámite de la acción ordinaria que determina la mencionada norma adjetiva: a) “Los jueces son los que tienen la última palabra”; y b) “Deciden con prescindencia de lo resuelto por las comisiones médicas, que en nada los vincula”.

Este contenido que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del mes de febrero de 2021 es exclusivo para suscriptores de Erreius. Podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá.

La acción judicial autónoma del proceso bonaerense frente a lo decidido en las comisiones médicas