La sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuestionó el fallo “Pogonza” de la Corte Suprema de Justicia, que validó la instancia administrativa, previa, obligatoria y excluyente de las comisiones médicas en los casos de accidentes laborales.

En la causa 'Toledo, Ramón Carlos c/Swiss Medical ART SA s/recurso ley 27.348”, el expediente administrativo fue iniciado por “divergencias en la determinación de la incapacidad” de un trabajador que se había accidentado en camino al lugar donde prestaba tareas.

La aseguradora consideró que los resultados de la resonancia magnética mostraban que las supuestas secuelas del trabajador se vinculaban con una enfermedad inculpable/preexistente por la cual no deben responder.

Luego, el dictamen de la Comisión Médica determinó que el dependiente no poseía ninguna incapacidad.

Esta resolución fue apelada por el trabajador. La jueza de primera instancia declaró desierto el recurso por ausencia de crítica del dictamen. Por ello, el accionante apeló.

La Cámara, por mayoría, con el voto de Diana Cañal y la adhesión del Luis Raffaghelli, hizo lugar a su pedido.

Contra el fallo “Pogonza” de la Corte Suprema

El voto mayoritario dijo que “la 27.348 perfecciona el desplazamiento de la justicia especial y los principios del derecho del trabajo, viéndose el trabajador obligado a un iter administrativo previo, sometido a la opinión de un secretario técnico letrado (STL), quien no tiene el mismo grado de especialización de un juez”.

En este punto, los jueces Cañal y Raffaghelli entendieron que “no solo se legisló con franco apartamiento de la constitución vigente en cada caso, sino que lo mismo ocurrió con las doctrinas de corte regresivo fijadas en fallos plenarios (“Fiorino”, “Prestigiácomo”, y “Villamayor”) y, tras la primavera de la CSJN con los decisorios de “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, y “Obregón”, hoy sucede otro tanto con sus fallos “Espósito”, y “Pogonza”, de signo opuesto a los que lo precedieran”.

En el caso Pogonza, para los camaristas, la Corte Suprema, al declarar la constitucionalidad de la Ley 27.348, incurrió en “irrazonabilidad”, al otorgarle a las Comisiones Médicas facultades propias de los jueces, así como en “discriminación del trabajador, quien no puede recurrir directamente a la justicia como otros damnificados, viéndose obligado a transitar de modo previo la vía administrativa”.

Además, señalaron que, en ese expediente, el máximo tribunal limitó el control judicial recursivo y vulneró el principio de progresividad.

En tal sentido, cuestionaron que se haya validado el procedimiento obligatorio y excluyente ante las comisiones médicas porque, en los hechos, significa “una renuncia obligada al derecho de recurrir en justicia”.

Accedé al análisis del Dr. Carlos Toselli sobre el fallo 'Pogonza':

Contra la instancia obligatoria ante las comisiones médicas

Para los jueces, el actual sistema “no da alternativas veraces” porque “los derechos conquistados constitucionalmente (norma de fondo/sustantiva), pueden ser devastados por normas que los reglamenten (norma de forma/adjetiva), a veces hasta el punto de llegar a su negación con la pretensión de que se procura su efectividad, cuando en verdad, se los frustra.

De esta manera, entendieron que, de aplicarse la instancia obligatoria prevista por ley 27.348, el pretendido propósito de resolver los conflictos dentro de un “plazo razonable”, deja de cumplirse porque “el iter que debe recorrer el trabajador, en el intento de que se haga justicia, termina desvirtuando el debido plazo”.

“Será ágil (para el trabajador) si se acepta la solución insatisfactoria”, agregaron.

Al tratarse un procedimiento de financiamiento mixto (a través de las ART y ANSES), consideraron que el paso por las comisiones médicas “debe ser optativo, y con un amplio debate en la justicia, con el fin de asegurar las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso”.

Afectación del derecho de defensa del trabajador

“Dicha situación también impacta en el derecho de defensa del trabajador, toda vez que la ley diseña un cuadro de situación para los abogados y sus honorarios que, tácitamente, genera una relación de subordinación con las ART y los Empleadores Autoasegurados”, añadieron.

Y remarcaron que “el hilo económico tiñe la “legalidad” del procedimiento administrativo, y por ende la independencia”.

“Así, en el caso de que la representación del trabajador la ejerza un abogado inscripto en el registro enmarcado en el convenio suscripto entre la SRT, FACA y COLPROBA, estos honorarios los abona la ART”, explicaron los camaristas.

Luego destacaron que, de ser abogados designados de manera autónoma, a esos honorarios “también los abona la ART, siempre y cuando triunfe en el proceso. Fuera de esto se carece de información pública, abriéndose un terreno fértil para los acuerdos privados”.

No hay gratuidad en el proceso

Asimismo, cuestionaron la supuesta gratuidad del proceso para el trabajador ya que este “deberá autofinanciarse si quiere aportar como elementos de prueba estudios médicos que no estén vinculados con la ART, así como la participación de un médico de su parte”.

“Por lo tanto, no puede afirmarse entonces que resulte gratuita su participación en el proceso administrativo. Ello atenta contra el debido proceso en relación al principio de igualdad de armas en el mismo”, enfatizaron.

Y remarcaron que “mientras el trabajador se avenga a lo que el financiamiento del sistema le provee, es gratuito, sino deberá pagárselo”.

La resolución

Así, ordenaron el sorteo de un perito médico legista a fin de que emita un dictamen médico, solicitaron a la aseguradora que acompañe los exámenes preocupacionales, periódicos, y en caso de corresponder, el de finalización del vínculo laboral, en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia.

Una vez cumplidas esas medidas, indicaron que las actuaciones debían ser remitidas a la primera instancia para que dicte una nuevo fallo.

Accidente de trabajo y obligatoriedad de la instancia administrativa