El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La fecha coincidió con una serie de novedades de interés para la práctica jurídica argentina. En pocos días, la Corte Suprema dictó tres sentencias vinculadas con libertad de expresión, redes sociales, anonimato y derechos personalísimos. Casi al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal publicó una selección de dictámenes de la Procuración General sobre libertad de expresión y acceso a la información.

La primera decisión fue “C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data”, del 23 de septiembre de 2026, ya reseñada por Errepar bajo el título “La CSJN ordena eliminar un escrache en redes y dispone identificar a los responsables”.

El actor había reclamado la supresión de publicaciones realizadas en Facebook e Instagram y la entrega de información que permitiera identificar al titular de las cuentas utilizadas para difundirlas. Los posteos contenían graves imputaciones vinculadas con violencia de género y exhibían su fotografía.

La Corte hizo lugar al planteo, aunque los tres jueces llegaron a esa solución mediante fundamentos diferentes.

Rosatti concentró el análisis en la modalidad adoptada para la publicación. La violencia de género constituye una cuestión de claro interés público, pero ello no legitima cualquier forma de difusión. El voto calificó lo sucedido como una suerte de “escrache público virtual” y ponderó especialmente la gravedad de las imputaciones, la identificación del acusado, la ausencia de firma y la imposibilidad de conocer quién respondía por ellas. Reconoció, a la vez, que el anonimato puede cumplir una función legítima al momento de denunciar hechos de violencia de género. Su límite aparece cuando termina por impedir que la persona señalada pueda ejercer su defensa y la denuncia no deriva luego en una instancia administrativa o judicial que permita discutir los hechos.

Rosenkrantz examinó con mayor detenimiento la protección del anonimato y del uso de seudónimos como formas históricas de expresión y disidencia. Esa tutela, sin embargo, tampoco es absoluta. En las circunstancias del caso no encontró razones suficientes para mantener oculta la identidad del autor, ni elementos que permitieran presumir que su revelación generaría represalias antijurídicas. También asignó relevancia a la condición de persona privada del actor.

Lorenzetti abordó el asunto desde la tutela de los derechos personalísimos y la función preventiva de la responsabilidad civil. El artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación admite esa tutela cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción, continuación o agravamiento de un daño. Desde esa perspectiva, remover el anonimato permite identificar a quien eventualmente deba responder. No significa decidir que la acusación haya sido falsa ni anticipar responsabilidad alguna. Determinada la autoría, esa discusión deberá desarrollarse en otra etapa procesal.

El resultado fue coincidente. Facebook debía arbitrar lo necesario para eliminar las URL cuestionadas, si continuaban disponibles, y suministrar los datos que permitieran identificar al titular de las cuentas.

Seis días después, la Corte volvió sobre problemas próximos, aunque en contextos diferentes.

En “Sánchez, Candela c/ Núñez, Mariana Alejandra s/ medidas precautorias”, dejó sin efecto una cautelar que había ordenado eliminar publicaciones y prohibía futuras alusiones a la actora. El Tribunal consideró que la medida había sido formulada en términos demasiado amplios e imprecisos, sin individualizar adecuadamente qué contenidos lesionaban la intimidad o el honor. También advirtió que una prohibición genérica de efectuar futuras referencias podía producir un efecto inhibitorio y configurar censura previa. La sentencia no resolvió si las publicaciones cuestionadas eran lícitas. Lo que objetó fue la insuficiencia del análisis utilizado para justificar semejante restricción preventiva.

Ese mismo 29 de septiembre se dictó “Quinteros, Héctor Andrés c/ Facebook Argentina SRL s/ amparo ley 16.986”. Allí estaba en discusión, entre otras cuestiones, la orden de revelar datos que permitieran identificar al usuario que había creado una publicación anónima. La Corte revocó la sentencia únicamente en ese aspecto y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento.

El fallo no establece que los autores anónimos nunca puedan ser identificados. La solución adoptada impone revisar el alcance de la pretensión, las garantías vinculadas con la libertad de expresión y la eventual protección de la fuente periodística. En su voto, Lorenzetti agregó que conocer quién produjo un contenido anónimo puede constituir un medio necesario para ejercer los derechos del afectado, pero esa identificación debe superar el correspondiente examen de razonabilidad y no implica anticipar responsabilidad.

Los tres casos no permiten extraer una regla única para todos los conflictos nacidos en redes sociales. Sí muestran cuánto pesan las circunstancias concretas, el tipo de discurso, la condición de las personas involucradas, el alcance de la medida solicitada y las garantías que puedan resultar afectadas.

Otra herramienta para la consulta: la voz de la Procuración General de la Nación

A ese panorama se suma la reciente “Selección de dictámenes de la Procuración General de la Nación en materia del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información”, elaborada por la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y la Dirección General de Derechos Humanos.

El relevamiento comprende dictámenes digitalizados desde enero de 1995 hasta septiembre de 2026 y selecciona 36 pronunciamientos considerados representativos. El material se organiza en cinco grandes bloques relativos a libertad de expresión frente al honor, la intimidad y la imagen, responsabilidad de los motores de búsqueda, anuncios comerciales o publicitarios, investigaciones en curso y derecho de acceso a la información.

Para quien necesita preparar un escrito, evacuar una consulta o iniciar una investigación, el cuadernillo permite ubicar rápidamente líneas de criterio de la Procuración, detectar reiteraciones y saber qué dictámenes conviene luego consultar en profundidad. Esa utilidad práctica forma parte expresa del propósito de la publicación. La coincidencia temporal no convierte a estos materiales en piezas de un mismo problema jurídico. Sí permite ver con bastante claridad dónde se está jugando hoy una parte relevante de la discusión. Ya no se trata solamente de acceder a información o de poder difundirla. También está en juego cuándo puede mantenerse el anonimato, cuándo corresponde identificar a quien publica y qué límites tienen las medidas preventivas frente a contenidos que circulan de manera inmediata y masiva.

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