Por: Josefina Pazos

I - Punto de partida del entuerto

1.1. El Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, (en adelante COPREC) fue disuelto por el Gobierno Nacional el 3 de febrero de 2025 mediante el Decreto 55/2025. La medida se enmarca en la política de desburocratización del Estado.

Los fundamentos de la disolución respectiva fueron: 1. Simplificar los procesos administrativos. 2. Reducir costos para proveedores y consumidores. 3. Mejorar la eficiencia en la gestión de reclamos. 4. Concentrar esfuerzos en una única plataforma que canalice los reclamos de los consumidores.

Las implicancias de la citada disolución, en lo que aquí interesa, pueden resumirse en que: 1. Se eliminó el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo. 2. Se disolvió el Fondo de Financiamiento del Ministerio de Economía. 3. Los reclamos pendientes continuarán siendo tramitados por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 4. Los consumidores pueden tramitar sus reclamos de forma virtual o presencial.

La disolución del COPREC ha sido cuestionada por quienes consideran que limita la posibilidad de los consumidores de llegar a las empresas. También se ha expresado preocupación por los conciliadores de consumo, a quienes se les restringe su ejercicio profesional.

1.2. En ese orden de ideas, deseo destacar que, según mi perspectiva, desde la incorporación del bloque de constitucionalidad federal mediante el inciso 22 del art. 75 de la Carta Magna en la reforma de 1994, se modificó, en cierto punto, la letra rígida de verticalidad normativa (piramidal a lo Kelsen) sentada en el art. 31 de la Constitución Nacional (en adelante CN).

Ello, pues, los principios y estándares convencionales, así como su control por parte de los tres poderes estatales conf. la jurisprudencia de CSJN, en el fallo Mazzeo y consecuentes, entiendo enmarcan la interpretación e integración de todos los plexos normativos vigentes en pos de aplicar aquel que - en el caso concreto sometido a consideración de cualquiera de los tres poderes- preserve de mejor y en mayor medida, la dignidad humana y los derechos humanos esenciales derivados de esta.

Será, pues, el principio pro-homine -recte pro consumidor en este análisis concreto- el que debería guiar la ejecución, interpretación sistemática y aplicación de la política pública que debería ser la más garantista respecto de ese cometido (protección de los derechos de la parte débil de un vínculo asimétrico de poder, en este caso, consumeril) si se desean preservar los estándares, reitero, Constitucionales y Convencionales y actuar, en consecuencia. Es decir, de manera alineada a esos dogmas supremos -constitucionales, supranacionales e Internacionales. De lo contrario, podría evaluarse -siempre como última ratio- la eventual inconstitucionalidad o inconvencionalidad de determinada norma que regule determinado derecho o su efectivo ejercicio en los hechos, así como su tutela.

1.3. Con ese preámbulo e intentando arrojar más luces que dudas, hago saber que el Decreto 55/25 de la Presidencia de la Nación funda su competencia en el inciso 1) del art. 99 de la Carta Magna y en los arts. 2 y 3 de la Ley 27742 de julio del 2024, que tuvo origen en otro Decreto de Necesidad y Urgencia, el número 70/2023.

Esa combinación de articulados tiene la astucia jurídica (antes que hablar de legalidad strictu sensu), prima facie, de darle un aval constitucional a una práctica prevista como restrictiva como la delegación legislativa.

Ello, pues el mismo Congreso firmó un cheque en blanco al determinar la existencia de una emergencia económica y administrativa general -o de ribetes generales- por el plazo de un año, o sea hasta julio del 2025, en el que nuevamente deberá evaluar si esa emergencia continúa o no pues no se entiende exista, a esos efectos, una prórroga automática ante la caducidad del plazo estipulado por el legislativo.

1.4. Ahora bien, lo anterior no quita que, el Decreto en análisis, pueda tener un vicio en su causa, en su motivación y hasta en su finalidad si se acredita el llamado vicio de desviación de poder que sucede cuando su finalidad se aparta de la finalidad de los artículos 5, 42, 76, 123 -entre los más destacados- de la CN y de la finalidad de la Ley Nacional 24240 -en especial de lo dispuesto en sus artículos 1, 41, 42 y 43. O cuando lo que se resuelve en su parte dispositiva (su objeto) no guarda proporción adecuada con los hechos que sirven de justificación, por ser estos falsos o insuficientes, o no guarda proporción con la finalidad de la norma que le atribuye competencias a la Presidencia de la Nación, en este caso los arts. 2 y 3 de la Ley 27742.

1.5. Si en nombre de la emergencia económica y, prima facie, el Estado ahorra determinado dinero al disolver el COPREC en el corto plazo, tendrá que ser el tiempo el que sirva de testigo para ver si ese ahorro, se conserva en el mediano y largo plazo o termina siendo al revés.

El tiempo también será clave, así como las prácticas habidas desde el 3 de febrero de 2025 a julio de 2025 (como primer tramo de medición), si la habilitación dada al Poder Ejecutivo nacional en pos de disolver, suprimir y/o fusionar organismos creados por ley (como es el caso del COPREC, en base a esa emergencia económica genérica; y en línea con los principios sentados en el art. 1 bis) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos actualizada por la Ley 27742 ) agiliza o no, los trámites del consumidor, y es eficaz o no, en pos de la protección y garantía adecuada de sus derechos consumeriles; o si, por el contrario, estanca y burocratiza su efectivo goce y/o protección en la práctica.

No me aventuraría a formular opinión teórica y dogmática sin tener en cuenta los hechos acaecidos desde la implementación del Decreto 55/25. El estado de emergencia consignado en el art. 1º de la ley 27742 que ha posibilitado, de manera astuta, esta “delegación legislativa” que, en rigor de verdad, comenzó en el mismo Poder Ejecutivo nacional, con el dictado del DNU Nº 70 por medio del cual se autoconcedía competencias del legislativo, y que habría quedado saneado con el dictado de la ley antes mencionada, que fijó la emergencia económica y administrativa en el plazo de un año en pos de que, desde la Presidencia, puedan eliminarse competencias y organismos que funcionen en la órbita del ejecutivo nacional, aunque hubiesen sido creados por ley del Congreso, con la única condición de que sean remitidos al control de la Comisión Bicameral permanente con posterioridad y no con anterioridad a su dictado. De la parte dispositiva del Decreto 55/2025, surge le han dado debida intervención o comunicación.

Ello, en pos de buscar eficiencia, agilidad, austeridad, transparencia fiscal y evitar duplicidades de mismas funciones, entre las mencionadas en sus considerandos; y verificar el éxito o fracaso de la gestión llevada a cabo en los términos del citado Decreto, aunque tenga algunos prejuicios o valoraciones de antemano sobre eventuales obstáculos generales; y sobre veinticuatro desafíos específicos que serán esbozados en los puntos 6 y 7 del presente trabajo, a los que se remite en honor a la brevedad.

Además:

II - Breve mención de las premisas de investigación de la temática bajo análisis

III - Puntos nodales de la hipótesis de trabajo

IV - Federalismo. Principios. Piso mínimo. Facultades concurrentes entre la nación y las jurisdicciones locales

V - Eventuales efectos de la disolución en cuestión, en las autoridades locales

VI - A modo de primera conclusión genérica

VII - 24 desafíos específicos advertidos desde el enfoque y/o abordaje del derecho constitucional

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor', exclusivo para suscriptores de Erreius

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