El fallo, dictado el 21 de septiembre de 2026, en el expediente 'Fallahijan Ali s/ recurso de casación', despeja el camino para la realización del debate oral sin la presencia física de los acusados.

Un recorrido de tres décadas de impunidad y el giro en la estrategia

La decisión se enmarca en la causa por el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, un crimen de lesa humanidad que dejó 85 víctimas mortales. Ante la persistente rebeldía e incomparecencia de los imputados con circular roja de Interpol, el Ministerio Público Fiscal solicitó aplicar el procedimiento especial incorporado al Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) por la Ley 27.784.

El Juzgado Federal N° 6 y la Sala I de la Cámara Federal porteña avalaron la prosecución del trámite en ausencia. La defensa pública oficial recurrió en casación alegando afectaciones al debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.

Los fundamentos

El tribunal tuvo por desistido el planteo global de la defensa y rechazó por prematuro el cuestionamiento al artículo 431 septies. La defensa argumentaba que dicha norma limita en forma arbitraria la posibilidad de celebrar un nuevo juicio posterior en caso de que los prófugos se presenten o sean capturados.

Los magistrados remarcaron que el planteo de la defensa resulta conjetural e hipotético. Sostuvieron que el reclamo presupone situaciones que aún no ocurrieron: la sustanciación del debate, la imposición de una condena firme y la posterior comparecencia de los acusados reclamando un nuevo juicio. El control de constitucionalidad exige un agravio concreto y actual, y no habilita declaraciones abstractas sobre hechos futuros.

Ponderación de derechos y obligaciones internacionales

El fallo enfatizó que la implementación del juicio en ausencia responde a imperativos de rango constitucional y convencional. El tribunal resaltó la obligación internacional del Estado argentino de investigar con la debida diligencia, sancionar los crímenes de lesa humanidad y remover todo obstáculo formal que perpetúe la impunidad, en consonancia con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 'Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina'.

El derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad constituye un deber estatal insustituible.
La garantía de defensa técnica garantizada por la actuación del defensor oficial resguarda el debido proceso durante la sustanciación del debate.
Las normas de carácter procesal son de aplicación inmediata conforme la regla tempus regit actum y no lesionan derechos adquiridos.

Efecto operativo para los profesionales de la causa

La resolución habilita a la UFI AMIA y al juzgado de origen a fijar las pautas de sustanciación del debate oral en ausencia respecto de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. La decisión obliga a la defensa técnica a intervenir de manera activa en la producción probatoria del juicio, quedando diferida cualquier controversia sobre un eventual nuevo debate al momento en que los imputados sean efectivamente habidos.

También te puede interesar:

Acceso, anonimato y libertad de expresión en la era de las plataformas

AMIA: más de 32 años del atentado, avanza la causa