Por: Jorge O. Rossi

Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas

I - Introducción

La escena a esta altura es repetida: dos personas celebran un contrato por medios digitales o documentan una operación con un título de crédito digital, una de las partes incumple y, cuando la otra recurre a la vía judicial, entra en funcionamiento una suerte de ruleta que arrojará, como por capricho, los siguientes resultados: estos documentos digitales carecen de firma o estos documentos digitales están firmados.

En el primer supuesto, si se pretendió habilitar la vía ejecutiva o ejecutar un título ejecutivo digital, el reclamante podrá encontrarse con un rechazo in limine.

Es lo que sucede con el caso que analizaremos a continuación. Para esta tarea seguiremos el siguiente camino: 1. reseñaremos los fallos de primera y segunda instancia. 2. Analizaremos lo que podemos considerar como el régimen general de la firma digital y la firma electrónica. 3. Veremos las particularidades normativas aplicables al caso. 4. Nos referiremos a la cuestión de la “autoría indubitable”. 5. Finalmente, intentaremos algunas conclusiones.

II - El caso

Se trata de los autos “Crecer SGR c/RJ Viñedos SA s/ejecutivo”.

La actora, una sociedad de garantía recíproca, promovió esta acción reclamando el pago de $ 3.000.000 con más sus intereses, alícuota del IVA y costas, resultante de ciertas obligaciones que adujo que se encontrarían vencidas e impagas y que emergerían de un contrato de garantía recíproca.

Las partes suscribieron el 26 de enero de 2022 un contrato de garantía recíproca por el cual Crecer SGR afianzó la operación de descuento de diversos cheques electrónicos librados y/o endosados por el RJ Viñedos SA para ser negociados en el mercado de valores y/o entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina.

La suma reclamada surge de la falta de pago de tres cheques electrónicos librados por RJ Viñedos SA por $ 1.000.000 cada uno, quien los endosó para su negociación en el mercado de valores a favor de Caja de Valores SA con el aval de Crecer SGR. Estos cheques fueron rechazados por los bancos girados.

La actora funda su legitimación en razón de ser titular de los derechos de cobro sobre los tres cartulares por haber sido la pagadora de los mismos en su carácter de avalista, conforme consta expresado en cada uno de los tres certificados para ejercer las acciones civiles (CAC) emitidos según lo reglamentado por la comunicación A 6725, puntos 3.5.5 y 6727. Además, destaca que, de acuerdo a lo pactado y expresamente normado por los artículos 68 y 70 de la ley 24467, el contrato de garantía recíproca celebrado constituye título ejecutivo hábil para reclamar el pago de la totalidad de los importes abonados al acreedor beneficiario de las garantías, con más sus intereses compensatorios, punitorios y gastos.

En primera instancia, la ejecución se rechazó in limine con el fundamento de que “el contrato de garantía recíproca y el pagaré (sic) aparecen desprovistos tanto de firma ológrafa como de firma electrónica validable, con lo cual no se encontrarían cumplidos los requisitos establecidos por el Cpr 523, para que los títulos traídos a ejecución sean reconocidos como tales”.

Para el magistrado, “el art. 288 (segundo párr.) del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere únicamente a la firma digital al equiparar sus efectos a la firma ológrafa, no haciendo mención a la firma electrónica.

Sentado ello, se concluye que la citación al demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma electrónica no puede ser realizado conforme lo previsto en el Cpr:526, ya que excedería el trámite de este tipo de procesos”.

Apelada esta resolución, en la Alzada fue el turno de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

En su resolución del 14 de diciembre de 2023, y en una interpretación diferente de la de primera instancia, el Tribunal comenzó por señalar: “...conforme un examen de la documentación adjuntada al escrito inaugural se desprende que el contrato de garantía recíproca fue celebrado mediante la utilización de la firma electrónica…”.

La Sala destaca: “De conformidad con lo dispuesto por la ley 25506 puede afirmarse que aquella es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada digital.

La referida norma reconoce el empleo de firma electrónica y su eficacia jurídica, además, en lo que atañe a su validez probatoria indica que en caso de ser desconocida, corresponde a quien la invoca acreditar su validez (arts. 1 y 5 de esa norma)”.

En el mismo sentido, señala: “Es correcto que no es equiparable a la firma digital, pero tal circunstancia no implica -sin más- que resulte insuficiente para exteriorizar la manifestación de voluntad de una persona en la medida en que ninguna norma exija una formalidad específica para ello (art. 262, CCyCo.)”.

“Máxime que el artículo 72 de la ley 24467 autoriza la celebración de contratos como los aquí involucrados mediante instrumentos particulares no firmados y en las ‘Normas generales del sistema de sociedades de garantía recíproca’ (resolución 21/2021 de la SEPyME), se autoriza que esos contratos sean celebrados mediante documentos que cuenten con firmas electrónicas [art. 29, inc. 5)]”.

En ese sentido, se destaca que “…el reemplazo de la firma ológrafa por la firma electrónica es una realidad en las prácticas comerciales cotidianas, que quedarían sin sustento si no se aceptara que esta última goza de presunción de autenticidad, de lo que se deriva que, apreciada la cuestión desde la óptica impuesta por el artículo 319 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe reconocerse a esa firma electrónica una eficacia, al menos inicial, similar a la que tiene la firma ológrafa a los efectos que interesan (CNCom. Sala C, ‘Acindar Pymes SGR c/Madre Teresa SA y otro s/ ejecutivo’ del 7/11/2023)”.

Por ello, resolvió admitir el recurso y revocar la resolución apelada.

Y además:

III - La firma digital y la firma electrónica en la ley 25506 y en el Código Civil y Comercial

IV - Las particularidades normativas aplicables al caso

V - La “autoría indubitable”

VI - Algunas conclusiones

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