Una declaración conjunta firmada por 47 jurisdicciones —entre los que se encuentran Estados soberanos, además de territorios y dependencias de la corona británica— deja sentado el compromiso para la aplicación del CARF. Estas son las siglas en inglés de Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos.

De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el CARF fue 'desarrollado a la luz del rápido crecimiento del mercado de los activos criptográficos y en virtud de un mandato del G20'.

Su objetivo es proporcionar 'el reporte de información fiscal sobre transacciones en activos criptográficos de manera estandarizada, con el objetivo de intercambiar automáticamente dicha información con las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes de forma anual'.

La adhesión a este marco normativo implica que las jurisdicciones firmantes efectúen los cambios necesarios en su ordenamiento regulatorio para satisfacer los requerimientos del acuerdo. Por ejemplo, Hacienda de España manifestó en un reciente comunicado: 'Nos proponemos trabajar para incorporar cuanto antes el CARF a la legislación nacional y activar los acuerdos de intercambio con tiempo suficiente para que los intercambios comiencen en 2027, sujeto a los procedimientos legislativos nacionales aplicables'.

El mencionado organismo recaudador español anima a sus pares de otros países a seguir un camino similar: 'Queremos invitar a otras jurisdicciones a unirse a nosotros de cara a mejorar el sistema internacional de intercambio automático de información, que no deja lugar para la evasión fiscal'.

Para el Ministerio de Hacienda de Chile, también resulta de importancia este compromiso y así lo manifestó: 'La implementación generalizada, consistente y oportuna del CARF mejorará aún más nuestra capacidad para garantizar el cumplimiento tributario y tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal, lo que reduce los ingresos públicos y aumenta la carga sobre quienes pagan sus impuestos'.

La empresa consultora española, Fiscal Crypto, ha explicado que el marco normativo obliga a las empresas proveedoras de servicios con criptoactivos (RCASPs, por sus siglas en inglés) a informar, anualmente, los saldos mantenidos por los clientes. También deben dar cuenta de los movimientos de los clientes entre empresas.

Detalla Fiscal Crypto: 'De esta forma, un país firmante recopilará anualmente de sus RCASPs información sobre saldos mantenidos en ellos y de movimientos realizados desde y hacia ellos, y compartirá con las autoridades tributarias del resto de países y territorios la información que corresponda a residentes fiscales en esos países y territorios de forma automática'.

¿Qué es la OCDE y cuál es su visión sobre las criptomonedas?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización internacional que, según sus postulados fundacionales, promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas a nivel mundial.

El organismo proporciona un foro donde los gobiernos pueden trabajar de forma conjunta para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. Se centra en la promoción de políticas que mejoren la prosperidad económica, la igualdad, las oportunidades y el bienestar general, todo esto con el fin de lograr un crecimiento económico sostenible.

La industria y el ecosistema en torno a bitcoin (BTC) y los activos digitales ha sido ampliamente estudiada por el Comité de Competencia de la OCDE. Lejos de considerarlo un tema secundario, han dicho que 'la digitalización reconfigura la dinámica competitiva de la economía, pues ha creado nuevos mercados y transformado los existentes'. Para la OCDE, 'los organismos [reguladores de cada jurisdicción] deben lidiar ahora con la incertidumbre que provocan los vertiginosos cambios registrados en los mercados, abordar nuevas formas de conducta indebida y examinar mercados cuyos límites no están claros'.

En todo esto, de acuerdo con la OCDE, existen diferencias de opinión a nivel internacional, pero, aún así, 'hay ciertos ámbitos de consenso'. El documento firmado por 47 jurisdicciones al que aquí se hace referencia, unifica esos ámbitos de consenso y establece objetivos comunes.

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